PRENSA, SECTOR MEDIO Y LAS ELECCIONES ¿QUÉ SOMOS Y QUÉ QUEREMOS SER?

Víctor Manuel Castillo Sánchez

En el actual proceso electoral el gran capital y la gran prensa están usufructuando un rol que no les corresponde. En la base de dicho problema encontramos que al no llegar ninguno de los partidos demócratas que representaban al sector medio de la Sociedad peruana a la segunda ronda electoral, en la definición del proceso electoral se está empujando y sometiendo a dicho sector y al conjunto de la sociedad a una contaminación de lo que es una sana perspectiva de debate y defensa de sus intereses.

De ahí que el problema actual es que una de las vertientes autoritarias, con el apoyo de quienes en su momento se adhirieron desaladamente en la década nefasta a la dictadura, está nuevamente empeñada en emponzoñar la conciencia nacional, está en una labor de sabotaje del espacio público en el escenario mediático, con una machacona insistencia que debiera merecer mejor causa.

Justamente cuando el mundo ha comprobado que el origen de las crisis económica actual ha tenido su origen en la carencia de control sobre el capital financiero, cuyos principales directivos incurrieron en prácticas delictivas y corruptas y cuyo costo ha sido asumido por los Estados, resulta torpe el sostener que el gran capital financiero no debe ser objeto de control alguno.

Los medios de comunicación están reduciendo el espacio de lo público hasta sedimentarlo en un conjunto de propuestas y proposiciones reductibles en última instancia a la defensa de una dimensión económica, pero no entendida como la distribución de los bienes, la eficacia en la generación de riqueza y participación de todos los ciudadanos en el PBI, sino simplemente en la perspectiva según la cual son la Bolsa de valores de lima, el capital financiero y los intereses del capital minero los que deben decidir el resultado del proceso electoral.

Se presenta a los intereses mencionados como el eje radical, la esencial alrededor de la cual deben consagrarse las fórmulas y medios políticos que van a ser definitorios. Sin embargo, es otro el tipo de cuestiones las que son realmente importantes en todo debate político, esto es: ¿Cuál es el tipo de Nación que queremos construir? ¿Cuál el tipo de Estado? ¿Cuáles son las demandas y sectores que deben ser recognoscibles y tutelables? ¿Cómo se debe aprovechar y fomentar el desarrollo para consolidar la ciudadanía?

Se argumenta idiotamente –si no creen, lean el diario “Correo”- que un ciudadano debe votar según el valor del dólar y el índice de la bolsa de valores de Lima, como si las demandas, problemas y necesidades de la población peruana fueran solucionados en dichos escenarios y tomando en cuenta exclusivamente dichos indicadores.

Ahora bien, sí existe un sector social que tiene un alto Standard de vida y que ve con simpatía y cercanía lo que ocurre en la bolsa de valores, en el capital financiero y minero y es consumidor de los productos de la gran prensa, pero justamente dicho sector también está siendo agredido, puesto que se lo cosifica como objetos portadores de relevancia sólo en tanto tenedores de títulos y acciones. Un individuo no es únicamente un tenedor de acciones, de bonos y títulos, también en los mismos se pone una expectativa en un futuro, el cual nunca se da en un islote de individualismo sino en concurrencia con quienes también forman parte de la sociedad peruana.

Es así que el sector medio y alto debe contentarse con exigir estabilidad económica y democracia, dos ejes que representaban muy bien cualquiera de sus candidatos perdedores. Pero, el manejo económico en sí no agota la perspectiva de lo que constituye un gobierno ni un proyecto de país, porque ello es sólo una dimensión instrumental de algo más vasto que es la forma como se construye una nación, un país y como se convive en medio de nuestra multidiversidad.

Los medios –mejor dicho, el gran capital que los detenta e instrumentaliza- están intentando implantar en la conciencia nacional la idea bastarda de que son los ya mencionados intereses los que deben primar en la mente del elector al momento de decidir.  ¿Una sociedad democrática merece ello? ¿La ciudadanía no es depreciada cuando el debate se reduce al azuzamiento de algo que es muy próximo a la ruindad de un egoísmo insano?

Está fuera de toda duda que la democracia debe defender condiciones de vida dignas para la población y está fuera de toda duda que debemos proteger las inversiones y ofrecer condiciones óptimas para el capital extranjero, el cual jamás debe ser satanizado como ocurrió en el nefasto primer gobierno aprista. Pero existe un abismo de distancia entre ello y la obsecuencia y entreguismo lindante con la venalidad que vemos en la actualidad. Organismos reguladores cuyos funcionarios sólo esperan la jugosa oferta de los supuestos “supervisados”, legisladores y funcionarios haciendo lobbies a favor de los intereses de grupos de presión que además, ahora financian candidaturas parlamentarias mediante ONGs supuestamente comprometidas con la democracia.

Por tanto, el hacer prevalecer los intereses de la totalidad de la nación peruana, no debe, no puede pasar por el bastardo discurso que se quiere implantar en la conciencia ciudadana.

El gran capital y la gran prensa ven en la actual coyuntura la oportunidad de efectuar un segamiento anticipado del legítimo derecho de todo gobierno de atender a las demandas de la población, poniendo en marcha facultades inherentes a su dimensión de organización política de la Nación. Dicha perspectiva es funcional a intereses que pretenden no la desaparición del Estado burocrático y controlista –al cual todos detestamos-, sino del Estado en su dimensión de supervisor y garante de los intereses y derechos de sus ciudadanos.

Se pretende endiosar a las AFPs, capital minero y al capital financiero, cuando finalmente, hay un hecho concluyente: toda persona natural y jurídica, nacional o extranjera está sujeta a la ley, ni más ni menos como cualquier hijo de vecino y una Nación no tiene que tolerar el que se pretenda imponer como baremo o requisito decisorio la no exigencia de algo que en otros contextos resulta normal, incuestionable y cotidiano. Si no, vean los casos de Chile, Israel, Estados Unidos e Inglaterra y preguntémonos si la adopción de medidas como las que se proponen por una de las corrientes finalistas en los países mencionados son calificadas como “retrógradas”, “antieconómicas” o “intervencionistas”, tal como aquí se las moteja.      

En suma, hay una distancia entre lo que representaba la democracia en sus candidatos vencidos, y la versión que se quiere imponer desaladamente con un voto ya enturbiado por la maquinaria mediática que pretende avasallar toda objeción a un modelo y a un Estado que ha sido incapaz de otorgar ciudadanía a amplios sectores de la población, volviéndolos extraños en su propio suelo y a otros obligándolos a expatriarse.