CONGA: LA TAREA PENDIENTE DE HACER CIUDADANÍA

Víctor Manuel Castillo Sánchez

La presentación del peritaje del impacto ambiental del proyecto minero Conga, ha generado expectativas irrazonables respecto a los alcances e importancia del mismo. Al respecto es necesario efectuar las siguientes aclaraciones:

1.-       El problema en Conga no es administrativo, ni técnico. No es tampoco económico ni cultural. Es un problema político y específicamente referido al tema de los derechos.

2.-       Lo que está en juego no son las inversiones mineras –las cuales continuarán pues el escenario peruano es favorable a las mismas- sino el tipo de relación entre el gobierno, las mineras y las poblaciones locales.

3.-       Por tanto, la solución del proyecto Conga debe ser política y en dicha solución deben participar la población de la zona y la empresa minera, bajo la supervisión y garantía del Estado. En dicha solución deben excluirse la imposición y la violencia en contra de la población cajamarquina.

4.-       La resultante final de Conga tendrá un impacto en el escenario nacional sobre el estilo, formas y alcances de llevar adelante los futuros proyectos de inversión. Ello demanda el destierro de los extremismos de la DBA y de la izquierda violentista y retrógrada de toda injerencia en el proceso de negociación que debe anteceder al desarrollo del proyecto.

5.-       Un peritaje jamás reemplaza ni al arbitrio jurisdiccional ni a la voluntad política a las cuales sirve. El peritaje tiene como función el otorgar los criterios técnicos que deben ser considerados al momento de adoptar la decisión política. El peritaje nunca puede reemplazar a lo que corresponde por derecho propio y por deber irrenunciable a la instancia política: el cumplimiento del mandato constitucional.

6.-       Si la voluntad polìtica encarnada en el Estado siempre debe estar indefectiblemente a favor de los derechos, entonces el Estado peruano debe asumir su rol de garante y supervisor de los derechos de todos los peruanos. Ello le obliga a patrocinar e imponer medidas de protección ambientales tal cual se implementan en otras partes del mundo. El costo de dichas medidas deben ser previstos y asumidos por quienes están efectuando la inversión.

7.-       La población de la zona tiene razón y legitimidad en pedir el respeto a sus derechos.

8.-       La nación peruana no tiene legitimidad alguna para imponer a algún grupo o sector de ella condiciones de vida que atentan contra su derecho a un ambiente saludable. Por tanto, aunque sea cierto que la riqueza le pertenece a la Nación peruana, no es menos cierto que ninguna Nación tiene derecho al desconocimiento de derechos, a la imposición de una alternativa que desatienda la voluntad del pueblo por defender sus derechos, y a la represión en contra de sus hermanos sólo porque de por medio esté un proyecto de inversión minera. Ello es contrario a la esencia y naturaleza del pacto democrático.

9.-       El Perú puede postergar una inversión minera. Lo que no puede postergar es el respeto, consideración y compromiso que los peruanos debemos a nuestros compatriotas. Los pobladores de Cajamarca merecen todo nuestro aprecio y apoyo, pues su posición frente a la minería es consecuencia de un largo historial de atentados contra el medio ambiente en que han incurrido las empresas mineras. Corresponde a ellas y no al Perú el demostrar que han aprendido y asimilado la seriedad, compromiso y respeto hacia lo sustantivo de la Democracia que es el respeto a los derechos constitucionales de los pobladores del ande peruano.

10.-     El contenido de la negocición debe apuntar a la imposición de los controles, seguros y fondos idóneos para impedir una hecatombe ambiental. Si los mentores del proyecto pregonan un impresionante nivel de inversiones, es factible una adecuada inversión para preservar el medio ambiente al cual tienen derecho los ciudadanos de Cajamarca. Eso no es pérdida,  no es antieconómico, no es ineficiente ni es prurito: eso es inversión y se llama responsabilidad social empresarial, un concepto largamente aceptado en el resto del mundo pero que pareciera ser un exotismo para los asalariados voceros de las empresas mineras.

11.-     Si no se establecen las razonables garantías, seguros, fondos y reservas que preserven el derecho de la población cajamarquina a ser respetada, entonces el proyecto no debe seguir adelante y debe ser declarado inviable.

12.-     Pretender negar el derecho de la población de la zona a ser escuchada y respetada constituye una forma de disminuir la calidad y el contenido de la ciudadanía, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho e intolerable para el sistema de la Democracia representativa.

13.-     La Democracia peruana debe estar atenta a la actuación de los políticos y periodistas asalariados de las empresas mineras, quienes fomentan la postergación de los derechos de nuestros connacionales en aras de los intereses de sus patrones. Son reclutados del fujimorismo y de la DBA infiltrada en el sistema político.

14.-     La meta final de la actuación del Estado y de la clase política peruana debe ser el procurar que el proyecto minero Conga se convierta en un modelo de respeto al medio ambiente y a los derechos de la población peruana.

PORQUÉ EL FUJIMORISMO DEBE SER COMBATIDO Y EXPULSADO DE LA POLÍTICA PERUANA

Víctor Manuel Castillo Sánchez

Al conmemorarse los veinte años de la traición al pacto democrático por parte del fujimorismo, el Perú no debe renunciar a su derecho a expulsar a la perniciosa presencia que dicho movimiento representa en orden a la construcción de un país mejor, más justo y hermanado.

Es dable por tanto, compartir las consideraciones del porqué todo demócrata debe persistir en el combate de las nefastas prácticas que el fujimorismo ha traído y perfeccionado en el sistema político peruano.

1.- El fujimorismo consolidó en la política nacional la idea del avasallamiento de las minorías políticas, sociales y culturales. Institucionalizó la cultura del abuso como predilecta forma de actuación.

2.- El fujimorismo negó ciudadanía a los excluidos, y los instrumentalizó como clientela de una práctica de populismo a costa del hambre y necesidades.

3.- El fujimorismo implantó como nunca antes en el imaginario social el crecimiento económico como parte de un proyecto excluyente, negando la participación del pueblo en el disfrute de la riqueza generada. Dicha perspectiva es la que conduce directamente al fracaso de un proyecto de país y que continuada por los sucesivos gobiernos, tiene en el actual presidente la última posibilidad de revertir dicha nefasta tendencia dentro de la convivencia democrática.

4.- El fujimorismo capturó las principales instituciones en un ansia de poder que no correspondía a la idea de un país mejor, más digno, igualitario y equitativo, sino que era a fin de cuentas la satisfacción de los desalados apetitos, acompañados de una inmundicia moral sin parangón alguno en la historia peruana.

5.- El fujimorismo perpetró una vasta labor de contaminación y encanallamiento de la población peruana. Los principales espacios de cultura y de socialización fueron convertidos en herramientas de lumpenización y manipulación y cuyas secuelas aun persisten en la actualidad.

6.- Cierto es que las trapacerías y marrullerías no son creación del fujimorismo, pero nunca antes se ha dado en la historia del Perú el caso de una auténtica pandilla política aleccionada, instruida y dirigida con la explícita intención de sabotear el ejercicio del control y responsabilidad política e impedir la defensa de los derechos fundamentales.

7.- El fujimorismo constituye la máxima expresión del lumpen político, ávido del presupuesto nacional y de las prebendas y gollerías inherentes al poder, lumpen que carece de todo esfuerzo y empatía con la construcción de un ideario, una doctrina y un proyecto demócrata de control político, transparencia, división de poderes y respeto a los derechos fundamentales. Los elementos cardinales alrededor de los cuales se construye una Democracia y que configuran el Estado Democrático de Derecho, tiene en el fujimorismo a un enemigo natural e innato.

8.- El fujimorismo es persistente en el ataque y agresión a la vertiente ética que inspira el ejercicio del poder político. Su única meta, propuesta fin y destino lo constituye el limitado y marrullero objetivo de alcanzar la libertad del principal delincuente de la década infame a como dé lugar, cueste lo que cueste. En ello denota una intrínseca incapacidad para aceptar las consecuencias de lo que perpetraron mientras el Perú estuvo en sus manos. La institucionalidad democrática sólo es invocada para poder lesionarla de modo cínico y aleve.

9.- El fujimorismo enquistado en la cumbre de la política, se alió a la DBA y unido a ella sometieron juntos a la Democracia peruana, en una nefasta alianza del poder político y económico con el fin de saquear las arcas de un patrimonio que pertenece a la totalidad de la Nación peruana. Dicha nefasta alianza está siendo reeditada actualmente en los círculos financieros y en los principales medios de la prensa escrita y televisiva, para intentar sumir nuevamente al país en otra gigantesca maniobra de mentira y avasallamiento mediático, con el apoyo de los cómplices y secuaces enquistados en los medios de prensa y los círculos judiciales, financieros y académicos.

10.- El fujimorismo ha institucionalizado la recurrencia a la traición, la mentira, el cinismo y el abuso como los caminos por donde debe discurrir el ejercicio del poder político. Lejos de manifestar arrepentimiento por la debacle en que sumieron a las principales instituciones, alega con insolencia un inexistente derecho a desconocer límite y control alguno. La actuación del fujimorismo después de la caída de su líder y principal culpable de la década infame, refleja sin duda alguna que ni ha renunciado a ninguno de sus nefastos objetivos ni ha aprendido a vivir en Democracia.