Víctor Manuel Castillo Sánchez
La presentación del peritaje del impacto ambiental del proyecto minero Conga, ha generado expectativas irrazonables respecto a los alcances e importancia del mismo. Al respecto es necesario efectuar las siguientes aclaraciones:
1.- El problema en Conga no es administrativo, ni técnico. No es tampoco económico ni cultural. Es un problema político y específicamente referido al tema de los derechos.
2.- Lo que está en juego no son las inversiones mineras –las cuales continuarán pues el escenario peruano es favorable a las mismas- sino el tipo de relación entre el gobierno, las mineras y las poblaciones locales.
3.- Por tanto, la solución del proyecto Conga debe ser política y en dicha solución deben participar la población de la zona y la empresa minera, bajo la supervisión y garantía del Estado. En dicha solución deben excluirse la imposición y la violencia en contra de la población cajamarquina.
4.- La resultante final de Conga tendrá un impacto en el escenario nacional sobre el estilo, formas y alcances de llevar adelante los futuros proyectos de inversión. Ello demanda el destierro de los extremismos de la DBA y de la izquierda violentista y retrógrada de toda injerencia en el proceso de negociación que debe anteceder al desarrollo del proyecto.
5.- Un peritaje jamás reemplaza ni al arbitrio jurisdiccional ni a la voluntad política a las cuales sirve. El peritaje tiene como función el otorgar los criterios técnicos que deben ser considerados al momento de adoptar la decisión política. El peritaje nunca puede reemplazar a lo que corresponde por derecho propio y por deber irrenunciable a la instancia política: el cumplimiento del mandato constitucional.
6.- Si la voluntad polìtica encarnada en el Estado siempre debe estar indefectiblemente a favor de los derechos, entonces el Estado peruano debe asumir su rol de garante y supervisor de los derechos de todos los peruanos. Ello le obliga a patrocinar e imponer medidas de protección ambientales tal cual se implementan en otras partes del mundo. El costo de dichas medidas deben ser previstos y asumidos por quienes están efectuando la inversión.
7.- La población de la zona tiene razón y legitimidad en pedir el respeto a sus derechos.
8.- La nación peruana no tiene legitimidad alguna para imponer a algún grupo o sector de ella condiciones de vida que atentan contra su derecho a un ambiente saludable. Por tanto, aunque sea cierto que la riqueza le pertenece a la Nación peruana, no es menos cierto que ninguna Nación tiene derecho al desconocimiento de derechos, a la imposición de una alternativa que desatienda la voluntad del pueblo por defender sus derechos, y a la represión en contra de sus hermanos sólo porque de por medio esté un proyecto de inversión minera. Ello es contrario a la esencia y naturaleza del pacto democrático.
9.- El Perú puede postergar una inversión minera. Lo que no puede postergar es el respeto, consideración y compromiso que los peruanos debemos a nuestros compatriotas. Los pobladores de Cajamarca merecen todo nuestro aprecio y apoyo, pues su posición frente a la minería es consecuencia de un largo historial de atentados contra el medio ambiente en que han incurrido las empresas mineras. Corresponde a ellas y no al Perú el demostrar que han aprendido y asimilado la seriedad, compromiso y respeto hacia lo sustantivo de la Democracia que es el respeto a los derechos constitucionales de los pobladores del ande peruano.
10.- El contenido de la negocición debe apuntar a la imposición de los controles, seguros y fondos idóneos para impedir una hecatombe ambiental. Si los mentores del proyecto pregonan un impresionante nivel de inversiones, es factible una adecuada inversión para preservar el medio ambiente al cual tienen derecho los ciudadanos de Cajamarca. Eso no es pérdida, no es antieconómico, no es ineficiente ni es prurito: eso es inversión y se llama responsabilidad social empresarial, un concepto largamente aceptado en el resto del mundo pero que pareciera ser un exotismo para los asalariados voceros de las empresas mineras.
11.- Si no se establecen las razonables garantías, seguros, fondos y reservas que preserven el derecho de la población cajamarquina a ser respetada, entonces el proyecto no debe seguir adelante y debe ser declarado inviable.
12.- Pretender negar el derecho de la población de la zona a ser escuchada y respetada constituye una forma de disminuir la calidad y el contenido de la ciudadanía, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho e intolerable para el sistema de la Democracia representativa.
13.- La Democracia peruana debe estar atenta a la actuación de los políticos y periodistas asalariados de las empresas mineras, quienes fomentan la postergación de los derechos de nuestros connacionales en aras de los intereses de sus patrones. Son reclutados del fujimorismo y de la DBA infiltrada en el sistema político.
14.- La meta final de la actuación del Estado y de la clase política peruana debe ser el procurar que el proyecto minero Conga se convierta en un modelo de respeto al medio ambiente y a los derechos de la población peruana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario