Razones por las cuales Omar Chehade debe quedarse

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

 

Como ciudadano común y corriente que simplemente emite su opinión, considero esencial destacar aquellas razones que justifican la permanencia de Omar Chehade en el cargo de Vicepresidente. Las razones son las siguientes:

1.- Para no desairar al grupo árabe palestino, que según el ex Premier Lerner, hizo lobby para que ocupara dicho puesto.

2.- Para seguir recibiendo y agradeciendo el “apoyo espontáneo e incondicional de los ciudadanos” cada vez que debe acudir a diligencias fiscales y judiciales.

3.- Para que pueda seguir invitando a generales y demás funcionarios públicos, con la “casual” concurrencia de sus amigos y hermanos.

4.- Para que con el cargo que ostenta pueda seguir visitando a sus conocidos de las empresas pesqueras en Chimbote.

5.- Para que siga usando del carro, escolta oficial y los ingresos que el cargo conlleva, con feliz desparpajo.

6.- Para impedir el riesgo que Daniel Abugattás sea presidente del Perú aunque sea por un día.

7.- Para impedir que en las más altas cumbres del poder aparezcan otros zoombies políticos.

8.- Para no decir –como señaló un genial conciudadano- que finalmente fue derrotado por la Corrupción.

9.- Para que los grupos Wong y Bustamante sigan creyendo en la buena fe y la Justicia.

10.- Para que en el Perú siga teniendo vigencia eso de “Soy su hermano, pero no sé nada”.

11.- Para ser la prueba viviente de esas lealtades que recuerdan a sus amigos cuánto vale perder la memoria y resucitarla en los momentos difíciles.

12.- Para que sea todo un desafío para los juristas eso de un Vicepresidente que no ejercerá funciones cuando llegue el caso y sin renunciar al cargo.

13.- Para que siga reuniéndose con el asesor presidencial Roy Gates al mismo tiempo que el Presidente dice que “ya dio un paso al costado”.

14.- Para que se vaya a la M*** todo el rollo ése de luchar por un país decente, sin corrupción ni falsía en las principales autoridades.

EL GABINETE VALDÉS: ¿TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA?

El nuevo Primer Ministro ha sido claro, y como hay que tomarle la palabra, ha manifestado lo siguiente:

1.-        Se ha comprometido a continuar con la lucha anticorrupción.

2.-        Se ha comprometido a seguir con la política del diálogo.

3.-        Se confirma el respeto del Estado de Derecho.

4.-        Se compromete a la continuidad de la hoja de ruta.

5.-        Se compromete con las metas de inclusión social.

6.-        Se reconoce que las minas no han solucionado el problema.

7.-        Se reconoce la legítima sensación de peligro que tiene la población en Cajamarca.

8.-        Se descarta toda opción autoritaria y violenta contra la Población: Conga será materia de un peritaje internacional.

¿Vieron a los fujimoristas regodeándose por anticipado, creyendo que súbitamente tenían una coyuntura a su favor? El mismo fujimorismo que pretende venderse como un “buen aliado” del gobierno sólo ha visto el énfasis en las promesas que ha efectuado el presidente durante la campaña.

Por otro lado, no nos engañemos: hay un autoritarismo en ciernes. Dicho riesgo sin embargo, todavía no es amenazante dado que la composición del gabinete, francamente, parece haber sido consultada con el saliente ministro Lerner. Los entrantes ministros tienen un perfil profesional y político de indudable raigambre democrática.

Lo que no se entiende es si la composición del gabinete mantiene el sesgo democrático, centrista y ha incorporado a conocedores del tema ajenos a toda salida a favor de la impunidad y autoritarismo ¿Porqué tenía que haberse ido Lerner?

Sin embargo, mas allá de esa supuesta incógnita, debemos considerar que lo esencial se ha logrado: el gabinete no se ha derechizado. La composición del gabinete confirma el énfasis en la adopción de estrategias directas y objetivos claros. Por tanto, se busca la eficacia en la dirección del poder, tras los lineamientos formulados por el Primer Ministro.

Por tanto: gana la democracia y pierden los sobones que pretendieron subirse al carro del vencedor, para pescar en medio de la crisis. Pierden aquellos asalariados del fujimorismo que en un gesto vil pretenden “aconsejar al gobierno” mediante baratos barajos de mercachifle político.

Lo que se comprueba en la composición del nuevo gabinete es que el gobierno pretende confirmar la idea de gobernabilidad, alejando de sí una perspectiva política que parece ser diluía los esfuerzos en enfrentamientos y dislocaciones estériles.

La próxima maniobra del fujimorismo es clara y previsible: El fujimorismo está preparándose para actuar como hacían antaño los marxistas. Los diarios y asalariados del fujimorismo pretendieron imponer mediáticamente un escenario incendiario, esto es, intentan “agitar las contradicciones” al amparo de la cual ellos no pierden ocasión de presentarse a sí mismos como la vertiente que supuestamente representa el orden y eficacia frente al denominado “rojerío-caviar-vengativo-de-Fujimori-y-antiminero-o-sea-enemigo-del-Perú”.

La composición del gabinete demuestra que ha fracasado la maniobra fujimorista de fomentar una derechización del gobierno. El ofrecimiento de cargos ha sido a Perú Posible, no al fujimorismo.

Los asalariados del fujimorismo esperaban un gabinete y declaraciones que pudieran legitimar su envanecimiento de “el presidente hizo lo mismo que en su momento, Fujimori”. Los periodistas sobones ya esperaban anticipadamente decir “no había otra salida; si no es por las buenas, debía ser por el garrote”.

Por tanto, hay motivos para sentirnos satisfechos, pero no hay que bajar la guardia: la prensa y los medios fujimoristas van a continuar sus pretensiones de ofrecer a la ciudadanía una lectura radicalizante y enconada, mostrando en ello que no solamente hay ultras de izquierda, sino también muyahaidines de la derecha, que están dispuestos a hacer lo que sea para que se incendie la pradera, alentando la radicalización con el ya consabido y bastardo fin de ofrecerse como aliados y así alcanzar la libertad del cómplice principal de la década infame, aunque para ello tengan que pisotear sin ascos el Estado Democrático de Derecho.

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

EL CASO FAVRE: LA RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

El periódico “Diario16” consigna hoy día Miércoles 30 de Noviembre del 2,011 en la página 5 (Sección Política) la siguiente noticia “Gobierno dice que sueldo de Favre lo paga el nacionalismo”.

Se citan las palabras del Premier Lerner:

“Favre (…) sigue siendo un asesor contratado por el partido Gana Perú. Tiene un contrato como lo tuvo en la campaña. No conozco el sueldo, pero se dedica a hacer el trabajo de asesoría, de marketing político en relación con la Presidencia. No es un funcionario…”

Los asalariados de izquierda pretenden que el caso de Favre no debe ser objeto de indagaciones, puesto que al no ser funcionario no puede ser objeto de control alguno.

Sin embargo, se olvida algo esencial: una democracia se caracteriza sobre todo, por las prácticas democráticas.

Feble argumento es sostener que si el asesor brasileño es pagado por fondos privados y no es parte de la Administración Pública, entonces no tendría que ser objeto de control alguno. Dicho argumento se cae por lo siguiente: según ha confesado Daniel Abuggatás, su salario es pagado por el partido nacionalista, que es una organización Política. Por tanto, en tanto partido gobernante debe dar ejemplos de transparencia si no, estaríamos frente a los intentos de evasión de los controles ya existentes. El partido de gobierno se convertiría en el caballo de Troya de todos aquellos aventureros que desean las ventajas de la proximidad con la cúspide del poder, evadiendo al mismo tiempo el legítimo interés de la ciudadanía por conocer la forma como se usufructúa el poder encomendado al primer mandatario.

La ciudadanía tiene el perfecto derecho a ser informada respecto a todos quienes se manejan y están integrados en los círculos del poder, así sean pagados o no con fondos públicos. El ejercicio del poder democrático no depende de si la autoridad o funcionario es remunerado o labora ad honorem, sino de la direccionalidad, ejercicio y resultados final de la actuación premunida de los recursos que el poder puede disponer para la realización de sus fines.

El mayor peligro para la democracia es la existencia de “lagunas” o espacios ajenos a la injerencia pública y al respectivo contralor y asunción de responsabilidad por las decisiones asumidas. Es la plena vocación de la Constitución política el establecer los mecanismos de control político y de la consiguiente responsabilidad que debe asumir quienes ostentan cargos públicos. Así, es intolerable desde la Constitución, desde la Democracia y desde la confianza ciudadana el que exista un personaje que moviéndose en los círculos del poder participe en la cadena de decisiones políticas y pretenda al mismo tiempo que sus actividades queden fuera del escrutinio público y de los controles existentes. Ello no es propio de la democracia sino de las monarquías y autocracias.

Si el electorado votó por Humala, no ha sido para que tras la figura del presidente se genere un espacio fuera de control a las indagaciones que legítimamente debe efectuar la prensa. Necesitamos que la prensa de todas las vertientes ideológicas –derecha, izquierda, blanca, roja- efectúe los máximos esfuerzos para develar la existencia o no de exitosos y afortunados émulos de Rómulo León Alegría, esto es, personajes “con llegada” a los círculos de poder y Ministerios para hacer negociados.

El pueblo tiene el derecho de saber si Favre tiene o no la calidad de funcionario público o es simplemente un favorito, y si se trata del segundo caso, pues la Constitución demanda que el poder democrático no sea subordinado a los intereses foráneos o particulares. El presidente de la República no tiene el derecho de formar su “Corte” de favoritos y paniaguados que hagan uso del poder encomendado para desvirtuar los fines y metas propios e inherentes a la Democracia en provecho propio y de sus clientes. ¿O es que el presidente Humala cree que el poder que le ha sido encargado por el pueblo peruano es para que coloque como Vicepresidente a un lobbysta de intereses privados nacionales y  como cobijado predilecto a un lobbysta de intereses privados extranjeros? ¿El agradecimiento personal por ganar las elecciones hacia un publicista puede superar el compromiso del Presidente de la República hacia los electores? ¿El agradecimiento hacia el abogado del caso Madre mía puede también superar el juramento de respetar la Constitución y la promesa asumida frente a la Nación peruana de luchar contra la corrupción?

No olvidemos que durante la década infame Vladimiro Montesinos formalmente no tenía el cargo que materialmente sí ejercía: era el verdadero jefe de Inteligencia. El almirante Rozas era simplemente un fantoche, un pelele en manos del siniestro personaje. Pues bien: un sujeto con poder para determinar quiénes deben estar cerca y quiénes deben ser alejados del entorno presidencial, indefectiblemente está ejerciendo un rol que materialmente ostenta poder, y es voluntad de la Constitución que ningún poder pueda ser ejercido sin control alguno.

¿O es que la Constitución es papel mojado cuando se trata de los favoritos y amigos?

Es de primera exigencia que en el Código de Ética de la Administración Pública se implanten las siguientes disposiciones:

“Toda persona natural o jurídica que realice labores de asesoría a los integrantes del Poder Ejecutivo, debe como requisito previo al cumplimiento o realización del contrato, presentar los documentos respectivos ante las autoridades correspondientes”

“Todos aquellos que ejerzan labores de asesoría en los ámbitos jurídicos, de marketing o de política para el Estado peruano no pueden ser pagados por empresas o gobiernos extranjeros ni por personas jurídicas de Derecho privado. La infracción a esta norma constituye delito contra la voluntad popular”.

“El Poder Ejecutivo tiene el deber de consignar los contratos de la totalidad del personal que labora en el entorno del Presidente de la República, formen o no parte del personal del Consejo de Ministros o de la Casa de Gobierno”

Cuando alguien ostenta la máxima magistratura y tiene el máximo puesto del poder político en una sociedad, el interés privado no puede ser enmascarado por el poder público y a su vez el poder público no puede ser subordinado por las relaciones jurídicas privadas, porque por su naturaleza esencial, es el ámbito de lo público lo que debe ser traslúcido, transparente, para poder ser así cuestionado y controlado.

EL CASO CHEHADE Y LOS GRUPOS DE PODER. UNA PROPUESTA NORMATIVA

Víctor Manuel Castillo Sánchez

Según el filósofo inglés John Locke el parlamento representativo se formula como la instancia central del proceso político. Asimismo, la idea de la representación política es la que finalmente ha hecho posible la incorporación de contenidos democráticos a los Estados contemporáneos[1]. Es por ello que si la representación política es la que concreta la idea de democracia, toda actuación que subordina el poder inherente a la representación política, al servicio del interés privado, lo que está haciendo es un acto de reducción del ámbito de la democracia.

Asimismo, si se admite que “la comunidad política con su cualidad de soberanía, implica ya una voluntad general, pero encaminada a objetivos que corresponden al bien común” ([2]), en la medida en que un Estado no atiende a la realización del bien común constituye un Estado carente de legitimidad democrática. También ocurre que cuando un Estado promueve prácticas por las cuales se pone al servicio de intereses privados cede en su vocación de postular como fin el Bien común y opta por tutelar la satisfacción de intereses que no han sido los dirimidos en el proceso electoral y que están distantes del mencionado bien común. Ello configura un sabotaje al Estado Democrático y a la realización de los compromisos políticos asumidos por el partido gobernante.

Asimismo, por la naturaleza del poder que le es encomendado y la vigencia del principio democrático y de soberanía popular, los representantes a Congreso se encuentran impedidos de asumir compromisos o conductas incompatibles con el ejercicio transparente y democrático del poder político, del cual aparecen como transitorios encargados. El Tribunal Constitucional español ha establecido que los sujetos que ejercen poderes públicos tienen a su cargo un deber jurídico general negativo, consistente en abstenerse de cualquier forma de actuación que viole la Constitución. Asimismo, tienen a su cargo un deber general positivo de cumplir sus funciones de acuerdo con la Constitución ([3]). Dicha aclaración, aunque proveniente del Derecho comparado es perfectamente aplicable al caso de Omar Chehade, quien no sólo es congresista. También es el Vicepresidente de la República. Por tanto, ha violado los deberes inherentes al cargo de Congresista y de Vicepresidente de la República. Su falta es doble.

Sin embargo, la responsabilidad política –y penal- de Omar Chehade constituye sólo una parte de los verdaderos alcances del problema: la sanción a quien ha puesto el poder y prestigio del cargo de Vicepresidente de la República al servicio de uno de los grupos de poder debe ser seguida indefectiblemente, por la investigación y sanción al grupo económico que ha pretendido favorecerse de las gestiones del Vicepresidente. Por tanto, el grupo Wong debe ser investigado. A dichos efectos, el silencio de sus representantes es más que elocuente y significativo. No olvidarnos que también existen los personajes de Miguel Chehade y el amiguísimo León Barandiarán, quienes deben ser incluidos en el proceso penal a ser instaurado.

Al intervenir para patrocinar intereses privados Omar Chehade ha irrumpido en el destino de un proceso que únicamente es competencia del Poder Judicial, violando así el principio de la separación de poderes. El hecho de llevar una resolución judicial para que la viera el general Arteta como confirmación de la maniobra, demuestra que el grupo Wong –a semejanza del empresario Delgado Parker- ya había encontrado a un magistrado solícito que les hiciera el favor de ordenar el embargo “ex profeso”.

El caso refleja los malos hábitos de la clase empresarial en el Perú: acostumbrados a hacer uso del poder político para intervenir en las vicisitudes que normalmente acompañan a todo proceso judicial, desean siempre “ir por lo directo”, o “cortar por lo sano” apelando a la subordinación del poder político a sus intereses, lo cual se traduce simplemente en actos de corrupción de funcionarios. Según sabemos, la competencia legislativa no puede ser cedida ni delegada a asociaciones económicas[4]. Es innegable que ello ha campeado en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. La pregunta es ¿Dicha situación debe continuar?

Está claro que los grupos de poder están dispuestos a introducirse en la estructura del Estado, para construir redes corruptoras e instrumentalizar así en su beneficio el poder político, cuya direccionalidad supuestamente es determinada en los procesos electorales. Es por ello que el caso Chehade desnuda que la democracia, los controles políticos, administrativos y jurisdiccionales son insuficientes para frenar las prácticas de los grupos de poder. Ya vimos como los mineros crearon una ONG “para fortalecer la democracia” mediante el “apoyo” a candidatos a Congreso. Otra estilizada forma es organizar “talleres” y “Encuentros”, donde se invita a los personajes con poder político para que sean “expositores” y en los entretelones y reuniones informales que preceden y se dan durante dichos certámenes, dichos personajes son captados apelando sutilmente a los “viajes” y ulteriores “actividades académicas”.

El caso Chehade ha puesto en la luz pública el enfrentamiento entre el grupo Bustamante y el grupo Wong. Claro está que la prensa no investiga dicho contexto de guerra comercial ¿Cómo podrían los medios de prensa investigar ello si los principales diarios y canales son propiedad de los grupos de poder? ¿Un medio de prensa en manos de los grupos de poder se atreverá a presentar a sus lectores la estructura de la red de poder financiero, minero, empresarial y mediático con el potencial lesivo para la vigencia de la democracia?

Los grupos de poder no necesitan visibilizarse y presentar a sus más emblemáticos representantes como candidatos en un proceso electoral. No lo necesitan, puesto que siempre habrá otros Chehade dispuestos a seguir el camino de prostituir la confianza y la fe que un pueblo puso en una promesa en aras de una apetitosa contraprestación “por el servicio”. Lo que sí hemos visto es que los grupos de poder no son puestos a la luz pública, pero prestamente colocan a uno de los suyos en los cargos ministeriales y desde allí les es fácil direccionar en medio de la caótica y sideral maraña de la Administración Pública decretos y resoluciones cuyo principal efecto es sabotear a la competencia o favorecerse a sí mismos.

Ahora bien, es prácticamente imposible establecer un control cotidiano sobre las formas sutiles con que operan los grupos de poder. Pero sí podemos enviarles un mensaje: los Chehade deben ser desterrados y alejados del poder político y deben ser despojados del cargo en que los puso la confianza ciudadana, confianza traicionada por quien se dejó corromper. Ello demanda identificar a quienes desde las sombras alentaron dicha traición al pacto democrático.

¿Qué hacer con vistas al futuro? Está claro que Omar Chehade representa algo hasta cierto atípico, por el capital político que había atesorado por su proyección de congresista honesto, incorruptible y decente. Pero, no es menos cierto que en el Congreso actual campean los sujetos cuestionables, cuyos antecedentes penales recién son puestos a la luz pública cuando ya han jurado el cargo de congresista. Por tanto, se demuestra que hay un deficiente proceso de selección por parte de los partidos. Está claro que sujetos que por sus antecedentes son capaces de ser chantajeados y de perpetrar otras tropelías, constituyen los perfectos candidatos para que los grupos de poder puedan poner en acción sus múltiples y sutiles estrategias para ponerlos a su servicio.

Una propuesta con vistas a los futuros casos debe reunir en sí las respuestas en los órdenes jurídico y político, dado que la actual respuesta normativa en los referidos ámbitos resulta a nuestro entender, insuficiente.

Propuesta normativa en el ámbito jurídico

Establecer una suma dineraria que debe pagar como indemnización el congresista desaforado, la misma que debe incluir los siguientes conceptos:

1.-       La devolución de la totalidad de las remuneraciones correspondientes al año en que el acto que motivó el desafuero fue cometido.

2.-       La devolución del total de las cuentas por gastos operativos durante el mismo periodo. Aunque pueda alegarse que algunos gastos operativos fueron concretados en gestiones y actividades legales, ello no quita vigencia a un hecho claro: lo que se ha mancillado es el honor del ser representante del pueblo, por lo cual dicha mácula es a la figura en sí.

En suma, lo ideal es que el representante devuelva a la Nación la totalidad del monto patrimonial que le haya sido entregado en razón al cargo que ocupa, lo cual incluye las gratificaciones, bonificaciones, CTS, viáticos y asignaciones, gastos operativos e ingresos percibidos.

Por otro lado, la sanción patrimonial no debe limitarse a los congresistas, sino también a los partidos políticos que los cobijaron y a los grupos de poder que se beneficiaron o pretendieron sacar provecho de las gestiones.

La exigencia de devolución del patrimonio tiene que ser efectuada por el Poder Legislativo, el cual debe instruir a su procurador en tal sentido, coordinando a dichos efectos con la mesa directiva y el Oficial Mayor del Congreso. Asimismo, el patrimonio reintegrado debe ser entregado en su totalidad únicamente a entidades hospitalarias.

Asimismo, consideramos que en la medida en que los partidos políticos sean obligados a asumir patrimonialmente su parte de responsabilidad en el pésimo y deficiente control que emplean para elegir a quienes serán candidatos a congreso es que en el futuro tendrán más cuidado y responsabilidad en el control de los antecedentes de quienes serán candidatos a Congreso. La suma que deben pagar los partidos debe ser de aproximadamente 20 UITs por cada caso de un legislador que se pruebe que tenía antecedentes penales y que a pesar de ello fue incluido en la lista de candidatos a Congreso. Dicha suma debe ser pagada en cuanto se detecte y demuestre fehacientemente el pasado cuestionable del sujeto y debe incluir el supuesto de consignar datos falsos al JNE en la hoja de vida. Por tanto, se trata de una suma que debe ser pagada solidariamente entre el candidato a Congreso que haya incurrido en la omisión –haya sido o no elegido- y la agrupación política que lo haya cobijado. En este caso el cobro debe ser efectuado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Por otro lado, una vez que se haya identificado al grupo económico que haya sido beneficiado por la maniobra o que haya participado en el intento de desviación del poder público, dicho grupo debe ser objeto de medidas de índole patrimonial:

a.-       Responsabilidad administrativa por sabotaje a los principios económicos de la Constitución.- En este ámbito, la suma que deberá pagar el grupo de poder debe ser determinada por el INDECOPI, cuya actividad está circunscrita a la defensa de los derechos del consumidor y el combate de todas aquellas prácticas que limitan la vigencia del principio de la Economía de mercado. En caso que se detecte que el conglomerado económico o grupo de poder ha efectuado un sabotaje a los derechos del consumidor o los principios económicos consagrados en la Constitución, el Indecopi debe sancionar ello.

b.-       Responsabilidad Civil por inducción al ilícito político.- En lo relativo a ello la indemnización al Estado peruano debe ser determinada por el Poder Judicial. Dado que la evaluación debe estar presidida por el criterio técnico, no puede ser determinada por el Poder Legislativo, en el cual además se hallan muchos notorios representantes de los grupos de poder.

El baremo para la determinación de la suma puede ser el monto total del patrimonio y utilidades que pretendía alcanzar el grupo económico con la maniobra. Ello es lo justo dado que precisamente el grupo económico ha invertido recursos, personal y medios para desviar el poder político para alcanzar el beneficio económico. Como el espacio del Interés Público y la vigencia del principio democrático y los fines del Estado entre los cuales se cuenta el Bien Común han sido subordinados lo justo es que la sanción patrimonial refleja la situación opuesta, esto es, el monto patrimonial en juego sea el que pase finalmente al Estado.

Pero, en confluencia con la vigencia del principio de no confiscatoriedad, parece ser que lo razonable sería el establecer una suma que oscile entre las 100 y 200 UITs.

A tales efectos, planteada la demanda penal por el Ministerio Público, debe establecerse una medida cautelar por el monto solicitado.

Propuesta normativa en el ámbito político

En lo referente a la responsabilidad en el ámbito político, encontramos que el principal defecto del actual sistema imperante es que no otorga una respuesta contundente, esto es, no cumple un adecuado rol coercitivo ni preventivo. La mejor forma de alcanzar un adecuado rol preventivo y punitivo frente a la comisión de ilícitos políticos sería establecer las siguientes medidas:

1.-       La inhabilitación durante 30 años para laborar en el Estado y/o contratar con entidad pública.

2.-       La inhabilitación del derecho a elegir y ser elegido, que debe regir durante el mismo período que en el caso anterior. Se trata de establecer la “incapacidad política” del sujeto.

El porqué debe alcanzar a 30 años la sanción se explica en lo siguiente: se trata de un período de tiempo que concilia adecuadamente el reproche que merece la conducta realizada y la necesidad de no imponer una sanción perpetua.  Así como en el caso de la responsabilidad médica se trata de alejar al profesional de la salud de la plataforma de conocimientos que le ha permitido perpetrar el ilícito, del mismo modo el congresista condenado debe ser alejado de la actividad que le ha servido para lesionar los principios sobre los que descansa el Estado Democrático de Derecho.

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[1] FERRAN REQUEJO. Las democracias liberales. Una síntesis histórica de lógicas contrapuestas. En: PASTOR VERDU, Jaime (coordinador). Fundamentos de ciencia política. Madrid: UNED, 1997.

[2] FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Ciencia política. Lima: Editora jurídica Grijley, 2003. 9ª Ed. p. 64.

[3] BAZÁN, Víctor. Hacia la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales: el control de las omisiones inconstitucionales. Especial referencia a los casos de Brasil y Argentina. En: BAZÁN, Víctor (Coordinador). Inconstitucionalidad por omisión. Santafé de Bogotá: Editorial Temis, 1997. p. 47.

[4] AGUILAR, Héctor Orestes (Compilador). Carl Schmitt, teólogo de la política. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. pp. 124-125.

La ética periodística de Aldo Mariátegui ¿Qué les parece?

Víctor Manuel Castillo Sánchez

En la edición del día 28 de Setiembre del 2011 el Diario “Correo” en su página 3 procede a presentar al principal acusado de la muerte del hincha Walter Oyarce, haciéndose eco de un comunicado de la familia.

Según las declaraciones de la familia del principal implicado, ellos lamentan mucho que dicho sujeto se haya visto envuelto por la vorágine de la violencia. En otras palabras, se trata de una mansa paloma cuya naturaleza apocada y tímida fue alterada a consecuencia del frenesí contagioso del mundanal ruido.

De una lectura del susodicho “artículo” uno quedaría tentado a admitir la imagen de un hombre correcto, probo, cuya naturaleza pacífica fue alterada por la presión de un entorno violento y ajeno al angelito.

Asimismo, el texto destaca que el asesinado hincha Walter Oyarce es un “socio”, que murió a raíz de las lesiones producto de la caída.

Imagínense si en los procesos cotidianos por asesinatos se oyeran cosas como “murió a consecuencia de las heridas de bala”, ”falleció a consecuencia del traumatismo causado por el impacto del vehículo”, “su muerte se produjo debido a que no llevaba las medidas de seguridad exigidas por la empresa”, “murió debido al shock hipovolémico originado por la cuantiosa pérdida de sangre”. ¿Saben dónde está el detalle? En que en todos dichos asertos se está soslayando algo claro y concreto: las caídas, las heridas y muertes en las obras de construcción no caen del cielo, son consecuencia de actos humanos y en el caso de Oyarce no fue “una caída”, sino “arrojado criminalmente al vacío”. Walter Oyarce no murió a consecuencia de las lesiones originadas por la caída: murió porque unos malditos lo arrojaron con total desprecio por sus derechos y es esa dimensión trágica la que quiere ser silenciada u obviada por la redacción de dicho “medio informativo”.

La correcta forma de referir los hechos es “el hincha arrojado por los asesinos,  murió a consecuencia de los traumatismos sufridos”, esto es, el texto cubre semánticamente el contexto de la realidad, y en eso consiste esencialmente una noticia, una presentación objetiva, imparcial y cierta.

Lo que ha hecho el diario “Correo” es segar el contexto de la muerte de Walter Oyarce, y ello, que en otras circunstancias hubiera sido manifestación de una deficiente redacción o de una manifiesta impericia en la profesión, ahora sabemos gracias al periodista Beto Ortiz, no es sino parte de una maniobra mediática en que la adinerada familia del principal implicado ha invertido para “lavarle la cara” a la oveja negra implicado en el asesinato de Walter Oyarce.

El que la esposa del director del diario Correo sea propietaria de la empresa contratada por la familia del principal implicado para que haga la labor de “lavarle la cara” al principal acusado, no constituye acto reprochable alguno. Sí lo es que un medio informativo sea puesto al servicio de dicha campaña. Aldo Mariátegui, el catón presto a sostener las vertientes de la decencia y honorabilidad de todos aquellos que nutrieron el buche durante la década infame, de todos aquellos que violaron derechos humanos y traicionaron el pacto político y que gusta de aleccionar haciendo gala de un virginal sentido de castidad y pudor político frente a todo aquello que sea disidente de su perspectiva política, el que se conduele de los vicios ajenos que le dan verdadera vergüenza ajena, ahora parece haberla perdido al hacer uso de un medio periodístico para seguir los lineamientos de una campaña mediática.

¿Ello no es un ejemplo de alquiler de una línea periodística, para cumplir un contrato de publicidad, que además es mentirosa?

¿La “verdad” que pretende vender un diario siguiendo los lineamientos establecidos por la cónyuge del director de dicho medio, acaso merece propiamente el nombre de tal?

¿Qué es más importante, el derecho de la sociedad a conocer la verdad, o el interés de una familia que ha invertido para hacer de un diario un medio de publicidad para atenuar en la sociedad el justo reproche y condena de un crimen en el cual se encuentra implicado uno de sus integrantes? ¿La línea informativa de los medios de comunicación se formulan en las agencias de publicidad, tal cual ocurrió durante el fujimorato?, ¿Dicha vertiente de actuación es tolerable en Democracia?, ¿Eso es periodismo?, ¿El que no se haya hecho uso de fondos públicos, atenúa en algo la índole delictiva y trapacera de la maniobra?, ¿Es que un acto de corrupción involucra únicamente a los funcionarios y empleados de la Administración Pública?, es decir, ¿En el sector privado es imposible que se generen actos de corrupción, y mucho menos en los medios de prensa?

Reitero: El Consejo de la prensa peruana debe intervenir para supervisar las prestaciones inherentes a ese contrato y establecer las correspondientes relaciones con el tratamiento que el periódico “Correo” da al caso y analizar la situación de Mario Saldaña. Como sabemos, ningún inocente renuncia frente a las denuncias del calibre de las formuladas.

Frente a la noticia propalada por el periodista Beto Ortiz, el Consejo de la Prensa peruana debe intervenir, porque estamos frente a un grave caso de corrupción. ¿O es que no hemos aprendido durante la década infame cómo Montesinos compraba la línea editorial de los canales? La diferencia es clara con el caso materia de debate: no hay video, pero sí un contrato, esto es, la entrega de dinero y el uso de un medio de comunicación para intentar “lavar la cara” a uno de los principales implicados en el crimen de Walter Oyarce.

Sólo nos queda decir:

“Francamente me dan risa estos cainitas de periodistas. Sólo en países como el nuestro se ve a un director de periódico cumpliendo el encargo asumido por la empresa de su esposa de llevar adelante una campaña mediática, como si la gente fuera tan tonta para esas cosas. Ay, estos directores parece que han egresado de alguno de esos institutos de segunda o sacado el título en Azángaro. Realmente siento verguenza ajena, estos perdedores, nunca aprenden. En España no se ven cosas azí, poz que no”

FALSOS Y MENDACES CIUDADANOS: LA FALSA DEMOCRACIA DEL DIARIO “CORREO”.

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

En lo que parece haberse convertido en una costumbre perversa, el diario “Correo” agrede a la verdad y buena fe de sus lectores, pero esta vez no mediante la mazamorra de lugares comunes que tan dilectamente prodiga su director Aldo Mariátegui. Esta vez el director del diario “Correo” ha invitado a un personaje: Gonzalo Zegarra Mulanovich (quien se presenta como “Director de Semana Económica”) Pues bien ¿Quieren saber el talante intelectual de quien ocupa dicho cargo?

Veamos. El columnista invitado escribe hoy día (Sábado 17 de Setiembre del 2,011) un artículo titulado “La falsa democracia”, donde alega algo concluyente: la promulgación de la ley de consulta previa, la sesión del Congreso de la República en Ica y la propuesta del Ministerio de la Mujer para fijar cuotas de género obligatorias en la Administración Pública constituyen medidas que aunque tengan apariencia de democráticas, en realidad constituyen ejemplos de todo lo contrario a ella.

La ley de consulta previa es un instrumento de manejo de conflictos que ha sido incluso materia de una regulación internacional. El Convenio Nº 169 de la OIT (convenio suscrito por el Estado peruano) demanda la implementación de dicha ley de consulta previa. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosas sentencias ha ratificado la necesidad de implementar mecanismos de consulta directa y vinculante a las poblaciones originarias donde se desarrollan inversiones mineras.

¿Cada país o Estado donde se aplique la Consulta previa prevista por el Convenio Nº 169 de la OIT  está amenazando la forma republicana de gobierno? Siguiendo la lógica del limitado artículo ¿En cada mesa de diálogo instalado por el gobierno aprista y en la aprobación de las normativa administrativa que demandaba una consulta a las poblaciones, se estaba destruyendo la democracia?

Lo que oculta el columnista invitado es que en los países donde se han configurado los conflictos por los recursos naturales, las formas tradicionales de representación política han cedido paso a nuevas formas de interacción política entre las poblaciones y administraciones locales con el gobierno central, porque se ha comprobado que ciertas formas de legitimidad democrática deben ser renovadas para actualizarse a un contexto mundial globalizado y con cada vez mayores carencias de recursos. Las comunidades han aparecido con legitimidad frente al Estado y a las empresas, y ello no es antidemocrático ni lesiona el principio republicano de la forma de gobierno. Dichas experiencias están reseñadas en el trabajo de Stephen Tyler “Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos naturales”. Capítulo 14, y abarcan a diversos escenarios y países del planeta. El autor no ha leído a Ferrajoli ni parece conocer lo que se denomina “Derechos colectivos” con la literatura especializada al respecto. En fin, que simplemente demuestra una mayúscula ignorancia y mala fe en el tema.

Asimismo, cuando Gonzalo Zegarra Mulanovich sostiene que las denominadas “cuotas de género” son contrarias a la democracia, porque el humalismo las promueve, deja de lado el origen y finalidad de dicha medida. No olvidemos que se trata de un sistema de cuotas que pretende combatir la desigualdad social, esto es, su fin no es impactar en las relaciones políticas –la medida es implantar las cuotas en la Administración, no en la representación Política-, sino sociales y culturales para mejorar la posición que históricamente ha tenido la mujer. Siguiendo la lógica de dicho comentarista ¿Deberíamos eliminar las comisarías de mujeres porque sería un error que las mujeres puedan atender mejor sus intereses que los hombres? Lo que se trata de promover es la equidad de género, no irrogar una representatividad que no es puesta en peligro pero que mentirosamente el columnista intenta llamar la atención hacia dicha posibilidad.

La finalidad de las cuotas de género es combatir la discriminación, la cual aunque existente en las leyes en la realidad es incumplida. Por ejemplo, las cifras de feminicidio o crímenes de odio dirigidos contra las mujeres, son dramáticas (Ver cifras del Observatorio de criminalidad del Ministerio Público).

Además de ello, no debe obviarse que el establecimiento de cuotas en la representación política y Administración Pública constituye una medida absolutamente válida y que incluso ha sido adoptada en los países europeos y dicho dato es algo que el mencionado “especialista” debería conocer perfectamente. En Europa lo que aquí tanto critica Gonzalo Zegarra Mulanovich ha sido aplicado en Alemania, España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y en América encontramos los casos de México, Costa Rica, Paraguay, Chile y Brasil. ¿En todos esos casos el establecimiento de cuotas ha atentado contra la forma republicana de gobierno o ha significado un desfase o destrucción de la democracia?

Asimismo, el año 1999 en Francia se estableció la “Ley de paridad de representación por sexos” obligando a los partidos políticos a formular las candidaturas aplicando el principio “un hombre, una mujer”, estableciendo asimismo, sanciones económicas para los partidos que incumplieran dicha normativa. Dicho principio paritario en el país que dio al mundo los derechos del hombre y del ciudadano como aporte universal para el devenir de la historia universal ¿Constituye entonces un ataque contra la forma republicana de gobierno y la democracia en el país de Voltaire, Diderot, los enciclopedistas y la Revolución de 1789?

Es patético que alguien que por el puesto que ocupa debería mostrar un  mayor conocimiento de un manejo multidisciplinario, finalmente haga gala de tamaña y descomunal ignorancia y se constata que el sector que perdió las elecciones, aun destila por la herida, y no tan calladamente intenta sobrellevar dicha tragedia.

Parece ser que el columnista invitado Gonzalo Zegarra Mulanovich es pródigo –al igual que el director del diario correo- en apelar a la ignorancia de gran parte de la sociedad peruana para destilar ramplonería y mentiras, con el único fin de consolarse de una derrota por la cual aún se lamen las heridas. Lo que hacen claramente no es honesto, ni democrático ni intelectualmente valedero. Se trata entonces, pues, conciudadanos, de una camarilla, un grupete que quiere adquirir carta de ciudadanía en talento intelectual apoyándose únicamente en los patéticos niveles de ignorancia de nuestra población víctima de nuestro deficiente sistema educativo.

Precisamente los datos históricos están ahí, concluyentes para contradecir dichos intentos de engañar a la buena fe de sus lectores.

IMPUESTO A LOS RICOS: ¿SARKOZY Y BERLUSCONI, COMUNISTAS?

Víctor Manuel Castillo Sánchez

El diario “La República” en su edición de hoy (Jueves 25 de Agosto del 2,011) en su página 17 (Sección “Mundo”), nos trae la siguiente noticia “Ricos pagarán más impuestos en Francia”, donde se refiere:

-           El gobierno francés subirá los precios del alcohol, cigarrillos y refrescos.

-           Las horas extras ya no serán computadas para efectos de deducciones fiscales.

-           Se imitará el modelo alemán, que cobra más impuestos a las plusvalías.

-           Se impone un impuesto del 3 por ciento sobre las fortunas que perciben más de 500,000.00 euros al año.

-           Un aumento del 12,3% al 13,5% de las contribuciones sociales en las rentas de capital, con el objetivo de alcanzar “la reconciliación de la tributación de las rentas del trabajo y las de capital”

-           Asimismo, se apunta hacia el incremento de la presión fiscal y sobre algunas rentas de capital y sobre las ventajas fiscales de ciertas inversiones inmobiliarias destinadas al sector servicios.

Sin embargo, lo destacable de la noticia no constituye dicho conjunto de medidas, sino que ha sido antecedida por una declaración de los representantes de las dieciséis mayores fortunas de Francia, que suscribieron una declaración donde pidieron al Gobierno que les impusiera un impuesto especial “para contribuir a salir de la crisis que vive el país”. Dichos representantes son el presidente de la transnacional L´Oreal y máximo accionista, los patrones de la petrolera Total, el grupo hotelero Accor, el grupo alimentario Danone, el banco “Societé Générale”, el operador de comunicaciones Orange, Air France-KLM y el fabricante de autos Peugeot-Citroën, entre otros.

Aunque es cierto que en términos económicos el impacto será limitado en relación al objetivo planteado, no es menos cierto que el efecto simbólico es importante: Ha sido un gobierno de derecha, esto es, el tradicional enemigo de toda reforma que ataque a los grandes intereses, el que ha impuesto dicha medida y asimismo, ha sido el conjunto de los integrantes más representativos de la plutocracia francesa, quienes de antemano habían aceptado la necesidad de un impuesto que los grave.

¿Esquizofrenia? ¿Vocación suicida? ¿Altruismo desopilado? En lo absoluto. Se trata simplemente del reconocimiento de un hecho concluyente: cuando llueve, todos deben mojarse y no hay porqué pretender que frente a la coyuntura internacional el paraguas estatal se abra únicamente para proteger a cierto sector y deje desprotegidos al resto. Aunque es cierto que la medida tendrá un impacto inocuo respecto a las grandes metas que se ha impuesto el gobierno francés para hacer frente a un escenario económico internacional desfavorable, no es menos cierto que lo que llama la atención poderosamente es la declaración conjunta de la plutocracia francesa en aceptar y solicitar dicha medida.

Lo ocurrido en Francia e Italia debe servir de ejemplo para acallar de una vez a los asalariados voceros de las grandes fortunas en el Perú, los cuales con estridencia y ramplonería no dejan de intentar “aleccionar” sobre lo cuestionable, antieconómico, chavista, comunista -y demás idioteces por el estilo-, que resultaría la imposición en el Perú de medidas que se explican y justifican incluso desde la más estricta perspectiva de una economía de mercado y que obedecen a la necesidad de todo gobierno de cumplir su agenda política y de preservar la estabilidad económica, estabilidad cuyos beneficiarios deben ser la totalidad de una nación y no sólo el sector acomodado de ella.

Se ha impuesto en la historia y práctica de las teorías económicas el vocablo “modelo”, refiriéndose a una cierta perspectiva del rol que deben cumplir el conjunto de los agentes económicos y el norte hacia el cual apunta dicho constructo en la búsqueda de ciertos objetivos, todos los cuales asumen como presupuesto la racionalidad inherente a la economía. Lo que se ha obviado es el hecho referente a que por lo general es el entorno político el que demanda la asunción de un cierto interés como el elemento decisorio a partir del cual se va a implementar un conjunto de medidas. Y es así que al lado de cada modelo encontramos una cierta ideología y sobre todo, a una cierta imagen de sí misma de la sociedad en la cual dicho modelo se implanta. ¿El gesto que tuvo un empresario chileno de querer fomentar la donación de importantes sumas a los mineros atrapados, ha sido imitado en el Perú? ¿Tendrán los plutócratas franceses seguidores en sus pares peruanos? El diario "Correo" habla hoy día de un mensaje que signifique un “shock de confianza”, pero lo que ocurre en Francia nos señala algo claro e ineludible: ¿Las más grandes fortunas e intereses peruanos darán una señal similar a la emitida por las grandes fortunas de Francia? ¿Solicitarán ellos al gobierno del presidente Humala que frente a la próxima recaída de la crisis internacional, ellos también participen mediante un gesto de “ponerse la camiseta”?

En fin, frente a lo ocurrido ¿Los asalariados voceros de las grandes fortunas dirán que Sarkozy es un chavista, y que Silvio Berlusconi (quien en Italia impuso un impuesto especial de 10% a los más ricos, denominado “impuesto solidario”) es un rojo infiltrado en la cúspide económica europea?

Aunque es perfectamente posible que lo ocurrido en Francia e Italia se corresponda con la puesta en práctica del viejo adagio de “cambiar un poco para que finalmente, no cambie nada”, ello nada quita a lo que contribuye el gesto de los plutócratas franceses con la construcción de una sociedad un poco más justa o siquiera ideológicamente más solidaria: “debemos emitir nosotros una señal de fe y compromiso con el conjunto de la Nación”. Se trata, claro está de un publicitado y bien meditado “shock de confianza” de la clase empresarial gala, en un proyecto de largo horizonte. Eso es lo que nos refleja como una sociedad del tercer mundo y a Francia como un país del primer mundo. ¿Acaso en alguna ocasión las grandes fortunas e intereses en el Perú asumieron un compromiso semejante? Claro que no, pues lo obtuso y limitado de su perspectiva siempre pasó por asumir que el crecimiento económico se debe interpretar exclusivamente como el atiborramiento de sus bolsillos a costa de salarios reducidos, derechos laborales recortados, exenciones fiscales y la difusión de la “flexibilización laboral” como única forma de capear la crisis, sin que al mismo tiempo se apostara por medidas de fomentar el crecimiento y desarrollo social. En cambio, sí han estado prestas para aceitar conciencias para que desde la tribuna periodística y congresal sus lacayos clamen por el respeto a la sacrosanta “inversión privada”, y para desembolsar fondos para importar e impartir escoria desde la prensa escrita y televisada, tal cual se ha visto en el reciente proceso electoral.

Preguntémonos entonces si los plutócratas peruanos y las grandes fortunas serán capaces de emitir un “shock de confianza” en el sentido en que ya lo ha efectuado los ricos de la Nación que dio a la Humanidad los derechos del hombre y del ciudadano como patrimonio universal e imperecedero. Quienes quisieron arrinconar al entrante gobierno desde que se conoció que la candidata-testaferro del jefe de la década infame había fracasado en su intento, esas fortunas beneficiarias de las políticas de Alejandro Toledo y Alan García, cuando la crisis toque nuevamente las puertas de los hogares peruanos ¿También solicitarán que se les imponga un tributo especial para contribuir a salir de la crisis que viva el país?

En fin,

¿Habrán aprendido?

¿ES URGENTE EL SENADO EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS?

Víctor Manuel Castillo Sánchez

El presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Freddy Otárola a anunciado la puesta en agenda del regreso del senado. Ha afirmado que la restauración del senado es necesaria:

“Sé que en este tema estamos andando en un campo minado y tenemos a una opinión pública quizá en contra, pero tenemos que asumirlo y ser firmes. Creo que el Congreso y la Comisión de Constitución no deben dejarse guiar por las olas coyunturales de la opinión pública” (Diario “Correo” del día Miércoles 17 de Junio del 2,011. Sección Política y Economía. p. 4)

Por tanto, según las palabras del personaje, el restablecimiento de la cámara de senadores constituye una demanda perentoria e ineludible, cuya implementación parecería urgente y por ello es que anuncia que es capaz de ir contra la corriente del mayoritario rechazo ciudadano hacia dicho intento. Explícitamente anuncia que a pesar de la marea de descrédito del Parlamento, el Poder Legislativo debe imponerse a la voluntad ciudadana. En otras palabras, Freddy Otárola nos dice con visión casi profética, que el Perú necesita una cámara de senadores y que ello legitimaría tales intenciones.

Frente a ello podemos argumentar las siguientes consideraciones:

1.-       Desde la aprobación de la Constitución de 1993 a la fecha, ha quedado claro que la deficiente actuación del Poder Legislativo ha dependido esencialmente de problemas inherentes a nuestra limitada cultura política democrática: carencia de transparencia en la percepción y gastos de fondos partidarios en los procesos electorales, deficientes y casi inexistentes mecanismos de sanción para los casos de nepotismo, propagación de arreglos contrarios a la ética como parte de los acuerdos políticos entre las distintas bancadas, la existencia de cúpulas partidarias que usan a los partidos como una forma de acceder a status de vida del cual serían excluidas por su deficiente nivel académico y profesional, agresión a la ley de partidos políticos y con ello, limitación a los derechos de los militantes, etc.

2.-       Es así que una propuesta de regreso al bicameralismo debe ser antecedida por un notorio mejoramiento de la labor parlamentaria, de tal modo que dicho restablecimiento cumpla el fin esencial por el cual existen los senados: convertirse en la voz viva de la conciencia nacional, en el órgano dirimente de las grandes decisiones de la Política Nacional. ¿Acaso ése es el actual contexto?

3.-       Si bien es cierto que la instauración del bicameralismo permite organizar mejor la labor legiferante en medidas de orden cotidiano y las de dimensión o trascendencia nacional, la historia nos confirma que el problema no reside tanto en la forma como se organice el Poder Legislativo, sino en que al mismo acceden sujetos cuestionables, caracterizados por una notoria mediocridad, figuretismo y proclives a las componendas y arreglos propios de los actos de corrupción. Debemos dejar en claro que en el actual Parlamento sí existen personajes honestos y legítimo orgullo de sus familias y sociedad peruana, pero ellos no constituyen la mayoría ni marcan la tónica en el quehacer parlamentario.

Sin embargo, consideramos que una forma práctica de adoptar medidas que permitan mejorar el desempeño del parlamento, revinculándolo a la sociedad peruana y fortaleciendo su vigencia, puede empezar por las siguientes:

a.-       Colocar cámaras web conectadas a Internet para que cualquier estudiante universitario, escolar y gente de la calle, pueda entrar a una cabina y verificar cuál es el grado de sabiduría, dedicación honestidad y transparencia de los sujetos integrantes del susodicho grupo de trabajo. Para implementar ello no se requieren de grandes fondos públicos, sino de la contratación de algo que debe ser financiado con los fondos que se han asignado a los Congresistas. No olvidemos que ellos son empleados públicos y que por el cargo y poder que ostentan la ciudadanía tiene el pleno derecho de acceder en tiempo real a dicho sistema, perfeccionando así la vigencia del principio democrático.

            No es justo ni democrático que el ejercicio del derecho de la ciudadanía a estar informada del empleo del tiempo, recursos y personal del Poder Legislativo pase por el pago a la televisión por cable.

            De ese modo, además, acercaríamos a la población el debate parlamentario en cada decisión de gran trascendencia, permitiendo a la ciudadanía compenetrarse de la dinámica parlamentaria y consolidar una posición al respecto.

b.-       Las facultades de Derecho, gremios sindicales y empresariales pueden “adoptar” a cada parlamentario para verificar la manera como ejercen el encargo de representación a Congreso. En ello confluyen la ley de transparencia y el juramento que han asumido los congresistas ante la Nación peruana. Sólo se trataría de publicar los indicadores de la labor de cada congresista: asistencia, mociones presentadas, el acta de debates de su intervención en el pleno, el sentido de su voto frente a cada propuesta debatida, si ha visitado o no a su circunscripción electoral y si ha presentado la correspondiente sustentación de gastos. Más vale prevenir que lamentar.

            No olvidemos que los gastos operativos que perciben los congresistas no les pertenecen sino que es de la Nación peruana, y por tanto tienen el deber de rendir cuentas por el mismo.

c.-       Jamás olvidar que la ciudadanía tiene el perfecto poder y derecho de demandar transparencia. Queremos saber las propuestas para que de antemano la ciudadanía conozca y pueda participar de las corrientes de opinión que deben generarse respecto a cualquier tema. No olvidemos sin embargo, que todo parlamentario tiene el perfecto derecho de postular las medidas que considere pertinente. No se trata de instaurar el reino del acoso mediático, sino de perfeccionar la vigencia del principio democrático como una manera de superar el generalizado descrédito de la institución parlamentaria.

d.-       Si el sujeto que está en la presidencia de la Comisión de Constitución dice que el Poder Legislativo está en el derecho y capacidad de sobrepasar la voluntad ciudadana opuesta al regreso del senado, la opinión pública tiene todo el derecho de acceder a los debates, propuestas y mociones que se generan en la actividad de dicha comisión, para aquilatar la calidad intelectual, moral y la vocación de servicio de los integrantes de dicho grupo de trabajo. Ello porque de lo que se trata es de acceder al conjunto de consideraciones que supuestamente demuestren que el restablecimiento del senado contribuirá al mejoramiento de la actividad legislativa en dos temas deficitarios: la calidad de la producción legislativa y el control político.

Lo lamentable de la posición de Freddy Otárola y de las bancadas que lo apoyan es que con su actitud se exponen a un frente de batalla que redituará beneficios al fujimorismo, el cual en este caso sí ha sintonizado bien con el espíritu de la Nación. Si se admite que en la medida en que el actual sistema político no garantiza en lo absoluto que la calidad de la representación parlamentaria mejore con el restablecimiento del senado, está claro que una medida legislativa a favor del restablecimiento del senado puede ser objeto de un referéndum promovido por la bancada fujimorista con el previsible resultado de un mayoritario rechazo, el cual terminaría por convertirse en una derrota política para la democracia.