GOBIERNO ÚNICAMENTE DARÁ INDULTO SI SE PRUEBA ENFERMEDAD TERMINAL. FUJIMORISMO Y DBA ALISTAN NUEVA OFENSIVA

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

El Primer Ministro Jiménez acaba de anunciar la postura oficial del gobierno peruano en materia de otorgamiento de indulto humanitario. El Primer Ministro ha señalado que el indulto humanitario es otorgado “estrictamente por razones médicas de salud apremiantes de personas que tenían graves amenazas a su vida y que estaban en estado terminal”.

Dichas declaraciones están consignadas en la Edición del Sábado 6 de Octubre del presente año en el diario “La República”, página 8.

Las consecuencias de dichas declaraciones definiendo la política oficial del Estado peruano en materia de otorgamiento del indulto humanitario, son claras y no dejan lugar  a duda alguna:

1.- El indulto ni presupone ni requiere de “señal positiva” alguna por parte del Ejecutivo, sino de la comprobación de un estado de salud apremiante del reo.

2.- Se debe probar la existencia de una enfermedad grave y en estado terminal.

3.- Si cualquier solicitud de indulto humanitario no cumple con dichas condiciones, sencillamente será rechazada.

4.- Los posibles errores en que hayan incurrido otros gobiernos respecto al otorgamiento de indultos, no vinculan ni obligan al actual gobierno.

Frente a dichas declaraciones cruciales por sus proyecciones, el fujimorismo ha dilatado la presentación de la solicitud del indulto humanitario-Originalmente anunciada para el día Viernes 5 de Octubre del 2,012- y se ha abocado a la preparación de una nueva ofensiva mediática -Con el auxilio y participación de su aliada DBA- y cuyo primer paso es el generar cuestionamientos a la Comisión de Indultos. Dicha ofensiva tiene como principal objetivo anticipar el impacto que puede generar en la opinión pública la inexistencia de biopsia y diagnóstico alguno que demuestre científicamente la existencia de un cáncer en el Ex Presidente Alberto Fujimori, situación que hace previsible el rechazo a la solicitud que inicialmente iba a presentarse el Viernes 5 de Octubre.

Dicha ofensiva seguirá el libreto que ya se ha empleado en anteriores ocasiones:

1.- Inicialmente se emitirá un “reportaje" en el programa “Sin medias tintas” de Canal 2, espacio donde se invitará a líderes del fujimorismo y políticos afines, a efectos que se explayen a sus anchas sobre la actividad de la Comisión de Indultos, con la complicidad del vocero de la DBA Aldo Mariátegui y de Mónica Delta, conocida periodista de la corrupta administración Schultz de Canal 5 durante el fujimorato.

2.- Al día siguiente dicha supuesta “noticia” será ampliamente difundida en los medios de prensa vinculados al fujimorismo y a la DBA: los diarios “Correo”, “La Razón”, “Perú21” y por los asalariados voceros del fujimorismo y la DBA.

3.- Paralelamente a ello se contratará a empresas encuestadoras para que formulen “estudios de opinión”, los mismos que serán difundidos y sobre cuyos resultados se entrevistará a los políticos que se presten a ello, para construir nuevamente otra maniobra de desinformación a la Sociedad peruana.

La finalidad de la maniobra no es otra que cuestionar y negar legitimidad a la actuación del Estado peruano en materia de otorgamiento de indulto humanitario, para así justificar ante la opinión pública la no presentación de la solicitud del indulto y el más que probable resultado denegatorio a las gestiones anunciadas, alegando una falta de coherencia o seriedad por parte de la Comisión de indultos, cuando precisamente la verdadera razón estriba en lo que el Premier Jiménez acaba de anunciar como política de Estado, y cuyo resultado final no ofrece duda alguna.

LA CORTE INTERAMERICANA DESCONOCE VALOR ALGUNO A SENTENCIA VILLA STEIN

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

En la sentencia del caso Barrios Altos la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

“41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.”

Fuente:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf

Asimismo, en el caso “Almonacid Arellano” la Corte Interamericana estableció lo siguiente:

“… la Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable”

Fuente:

http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_154_esp.pdf

Numeral 96. Revisar también los numerales 103, 1,06, 107, 111, 112.

De acuerdo con ello podemos señalar lo siguiente:

1.- Los asesinatos de Barrios Altos violaron la ley internacional, por tanto de acuerdo a la ley internacional deben ser castigados.

2.- El Derecho Internacional se aplica sobre el derecho interno (en manifestación del denominado efecto ius cogens). El Tribunal Constitucional peruano no puede dejar de lado ello. En conclusión el Tribunal Constitucional se encuentra obligado a hacer prevalecer los términos de la sentencia dictada por César San Martín Castro y debe dejar sin efectos la sentencia de Villa Stein. El Tribunal Constitucional peruano no tiene otra opción que acatar y cumplir la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3.- Lo que pretende la sentencia Villa Stein es señalar que no existió un patrón sistemático de violación, puesto que la actuación de los asesinos del grupo Colina eran dirigidos únicamente contra los terroristas y no contra la población civil. Sin embargo, en la sentencia del juez César San Martín Castro ha quedado plenamente acreditado que la violaciones a los derechos humanos fue una política sistemática durante el gobierno de la década infame.

4.- La sentencia de Villa Stein es legal, pero viola derechos fundamentales de las victimas, sin embargo, es un dato concluyente que lo que es legal en el orden interno, no lo es en el orden internacional.

5.- La sentencia de Villa Stein intenta configurar una excluyente de responsabilidad cuya finalidad es impedir la sanción de los culpables de la ejecución extrajudicial y arbitraria de Barrios Altos. Por tanto, choca frontalmente contra el orden internacional.

6.- La sentencia de Villa Stein lesiona a los valores superiores verdad y justicia.

7.- La sentencia de Villa Stein no satisface los cánones de una sentencia, porque no persigue la justicia: decir que las victimas no son parte de la población civil es una aberración, pues sigue la lógica de los asesinos y los justifica e intenta además que los autores de los asesinatos queden impunes merced al uso de los medios establecidos en la ley peruana.

8.- La sentencia es un subterfugio, intentando establecer las bases para la libertad de Alberto Fujimori.

9.- La sentencia de Villa Stein es aplicable en el ordenamiento interno, pero carece de validez y legitimidad alguna para poder ser respetada en el Orden Jurídico Internacional. Por tanto, frente a las maniobras de los principales culpables de la década infame, se puede recurrir nuevamente al Orden Internacional para hacer prevalecer la sentencia del Juez San Martín.

En conclusión: La sentencia de Villa Stein es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual es de obligatorio cumplimiento por el Tribunal Constitucional peruano.

De antemano, podemos estar tranquilos: el orden jurídico internacional garantiza la vigencia de los derechos fundamentales de las víctimas de Barrios Altos, por lo cual es indefectible el fracaso final de la infame maniobra.

LA CANDIDATURA DE NADINE: LA MANZANA ENVENENADA DEL FUJIMORISMO

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

Mal síntoma es cuando sin haber transcurrido el primer año de gobierno, se preludian y aprestan los preparativos para el lanzamiento de la candidatura presidencial de la cónyuge del Presidente en ejercicio. Ello confirma una vocación autoritaria, populista y falaz: la Democracia no sólo consiste en bregar por una mejor calidad de vida: también significa una lucha constante contra la tentación autoritaria y populista, la cual siempre tiene el fácil recurso de las componendas.

Las actuales maniobras en que se ha empeñado el gobierno, simplemente confirman que el respeto a la ley que impide la postulación presidencial de la cónyuge del presidente, es más necesario que nunca. De una forma clamorosamente impúdica se anuncia una próxima derogatoria de la ley que impide postular a Nadine Heredia. ¿Para eso hemos elegido al ahora Presidente? ¿Así se hace honor a la palabra empeñada? ¿Para eso juró defender la Democracia, luchar contra la impunidad y asegurar el castigo de la corrupción y a los violadores de derechos humanos?

Los acólitos como Abugattás y Otárola desaforadamente se congratulan de “las buenas intenciones” de Keiko Fujimori en apoyar la candidatura de Nadine, cuando si hay algo inocultable es que precisamente las buenas intenciones se encuentran a sideral distancia de lo que pretende Alberto Fujimori, el principal culpable de la década infame y autor de la maniobra. Keiko Fujimori es sólo la testaferro político-electoral de su padre, y ello constituye un dato que no puede ser dejado de lado. ¿Es que alguien puede engañarse de lo que busca Alberto Fujimori? ¿Alguien puede creer que el preso en DIROES pretende fortalecer la institucionalidad de la Democracia peruana, el control político, la lucha contra la impunidad y corrupción? ¿Qué le puede importar el destino de la Democracia peruana a quien renunció por fax e intentó postular al senado japonés en un intento de escapar al justo castigo por sus delitos? Huelgan las respuestas.

Alberto Fujimori por intermedio de su testaferro político electoral está tentando a los idiotas acólitos del gobierno: sabe que un gobierno que tan tempranamente apunta a la continuidad en el poder, indefectiblemente entra en una vorágine de desgaste de credibilidad, de seriedad y de honestidad. Y de allí hay un solo paso hacia la destrucción de lo que con tanto esfuerzo se ha reconstruido después de la década infame: la institucionalidad de la Democracia y el rescate de la palabra empeñada por el gobernante.

¿El Perú requiere urgentemente que se le confirme que por fin Nadine será candidata? Como es patente, la apuesta del fujimorismo es inocular el veneno de la tentación autoritaria al actual gobierno, de una forma sutil y disimulada. En dicho intento tiene a cómplices idiotas y obcecados. La claque humalienta prontamente se desprende del deber emanado del poder en sus manos, y está apuntando a reeditar la aventura de Alberto Fujimori.

Y cual presente griego, el ofrecimiento de Alberto Fujimori de allanar el camino para Nadine es justamente la tumba para la Democracia peruana: el mensaje tácito y directo es consagrar el contubernio entre el gobierno y el fujimorismo, contubernio del cual saldrán los nefastos frutos de una candidatura destinada a inaugurar una estirpe política por un lado, y a consagrar la impunidad del autor de la maniobra -Alberto Fujimori-, por el otro. Es decir: si se trata de construir la efigie de Nadine presidenta, qué importa destruir la Democracia y la fe en la palabra empeñada. Ello refleja a los humalientos congresales como unos angurrientos del poder. Por otro lado ¿Qué le importa a Alberto Fujimori ganar o perder una elección, si la meta final e inconfesada es simplemente alcanzar la impunidad? ¿Qué le importa a Alberto Fujimori si el gobierno se desacredita y se hunde en el lodo en el cual él retoza hace tiempo?

Sin embargo, hay que recordarles a los pongos del Congreso lo siguiente: La confianza que el pueblo le otorgó al gobierno no ha sido para construir una alfombra para sus delirios de perpetuación en el poder, ni para que los notoriamente mediocres legisladores humalientos quieran solazarse con los sueños dinásticos de sus patrones. A fin de cuentas el señor Presidente de la República, su leal, abnegada y talentosa cónyuge y su cohorte de adulones y lambiscones son asalariados al servicio de la Nación peruana: comen, viven, visten y se divierten con el dinero perteneciente a las arcas del Estado. Son finalmente servidores públicos, por lo cual toda ilusión de considerarse semejantes a los césares romanos constituye una burda y torpe ilusión.

Ellos tienen el deber de preservar la Democracia, de alcanzar los objetivos de inclusión social y confirmar para el sistema político peruano que la fe en la palabra empeñada constituye el mejor y más grandioso capital para la Nación y las generaciones futuras y que ése es el mejor legado para la posteridad: que un soldado encumbrado por sus conciudadanos a la máxima magistratura se mantuvo fiel a la palabra empeñada cuando era cercado por las tentaciones provenientes de los lobos de la orilla opuesta y de los chacales de su propio rebaño.

O es que tendremos que preguntarnos ¿Tan difícil es resistir a la tentación autoritaria?

Conciudadanos: La maniobra que ha emprendido Alberto Fujimori mediante su testaferro político-electoral, está siendo favorecida por los tontos útiles del partido de gobierno que le siguen el juego ¿Ello constituye o no una traición a la Democracia y comprueba el gobierno está siendo sometido a un socavamiento insidioso para que ceda ante la tentación autoritaria?

El Presidente de la República tiene el deber de salir a deslindar con los borregos de su rebaño y declarar ante el Perú que el gobierno no tiene intención alguna de aceptar la manzana envenenada que el fujimorismo le está ofreciendo.

CONGA: LA TAREA PENDIENTE DE HACER CIUDADANÍA

Víctor Manuel Castillo Sánchez

La presentación del peritaje del impacto ambiental del proyecto minero Conga, ha generado expectativas irrazonables respecto a los alcances e importancia del mismo. Al respecto es necesario efectuar las siguientes aclaraciones:

1.-       El problema en Conga no es administrativo, ni técnico. No es tampoco económico ni cultural. Es un problema político y específicamente referido al tema de los derechos.

2.-       Lo que está en juego no son las inversiones mineras –las cuales continuarán pues el escenario peruano es favorable a las mismas- sino el tipo de relación entre el gobierno, las mineras y las poblaciones locales.

3.-       Por tanto, la solución del proyecto Conga debe ser política y en dicha solución deben participar la población de la zona y la empresa minera, bajo la supervisión y garantía del Estado. En dicha solución deben excluirse la imposición y la violencia en contra de la población cajamarquina.

4.-       La resultante final de Conga tendrá un impacto en el escenario nacional sobre el estilo, formas y alcances de llevar adelante los futuros proyectos de inversión. Ello demanda el destierro de los extremismos de la DBA y de la izquierda violentista y retrógrada de toda injerencia en el proceso de negociación que debe anteceder al desarrollo del proyecto.

5.-       Un peritaje jamás reemplaza ni al arbitrio jurisdiccional ni a la voluntad política a las cuales sirve. El peritaje tiene como función el otorgar los criterios técnicos que deben ser considerados al momento de adoptar la decisión política. El peritaje nunca puede reemplazar a lo que corresponde por derecho propio y por deber irrenunciable a la instancia política: el cumplimiento del mandato constitucional.

6.-       Si la voluntad polìtica encarnada en el Estado siempre debe estar indefectiblemente a favor de los derechos, entonces el Estado peruano debe asumir su rol de garante y supervisor de los derechos de todos los peruanos. Ello le obliga a patrocinar e imponer medidas de protección ambientales tal cual se implementan en otras partes del mundo. El costo de dichas medidas deben ser previstos y asumidos por quienes están efectuando la inversión.

7.-       La población de la zona tiene razón y legitimidad en pedir el respeto a sus derechos.

8.-       La nación peruana no tiene legitimidad alguna para imponer a algún grupo o sector de ella condiciones de vida que atentan contra su derecho a un ambiente saludable. Por tanto, aunque sea cierto que la riqueza le pertenece a la Nación peruana, no es menos cierto que ninguna Nación tiene derecho al desconocimiento de derechos, a la imposición de una alternativa que desatienda la voluntad del pueblo por defender sus derechos, y a la represión en contra de sus hermanos sólo porque de por medio esté un proyecto de inversión minera. Ello es contrario a la esencia y naturaleza del pacto democrático.

9.-       El Perú puede postergar una inversión minera. Lo que no puede postergar es el respeto, consideración y compromiso que los peruanos debemos a nuestros compatriotas. Los pobladores de Cajamarca merecen todo nuestro aprecio y apoyo, pues su posición frente a la minería es consecuencia de un largo historial de atentados contra el medio ambiente en que han incurrido las empresas mineras. Corresponde a ellas y no al Perú el demostrar que han aprendido y asimilado la seriedad, compromiso y respeto hacia lo sustantivo de la Democracia que es el respeto a los derechos constitucionales de los pobladores del ande peruano.

10.-     El contenido de la negocición debe apuntar a la imposición de los controles, seguros y fondos idóneos para impedir una hecatombe ambiental. Si los mentores del proyecto pregonan un impresionante nivel de inversiones, es factible una adecuada inversión para preservar el medio ambiente al cual tienen derecho los ciudadanos de Cajamarca. Eso no es pérdida,  no es antieconómico, no es ineficiente ni es prurito: eso es inversión y se llama responsabilidad social empresarial, un concepto largamente aceptado en el resto del mundo pero que pareciera ser un exotismo para los asalariados voceros de las empresas mineras.

11.-     Si no se establecen las razonables garantías, seguros, fondos y reservas que preserven el derecho de la población cajamarquina a ser respetada, entonces el proyecto no debe seguir adelante y debe ser declarado inviable.

12.-     Pretender negar el derecho de la población de la zona a ser escuchada y respetada constituye una forma de disminuir la calidad y el contenido de la ciudadanía, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho e intolerable para el sistema de la Democracia representativa.

13.-     La Democracia peruana debe estar atenta a la actuación de los políticos y periodistas asalariados de las empresas mineras, quienes fomentan la postergación de los derechos de nuestros connacionales en aras de los intereses de sus patrones. Son reclutados del fujimorismo y de la DBA infiltrada en el sistema político.

14.-     La meta final de la actuación del Estado y de la clase política peruana debe ser el procurar que el proyecto minero Conga se convierta en un modelo de respeto al medio ambiente y a los derechos de la población peruana.

PORQUÉ EL FUJIMORISMO DEBE SER COMBATIDO Y EXPULSADO DE LA POLÍTICA PERUANA

Víctor Manuel Castillo Sánchez

Al conmemorarse los veinte años de la traición al pacto democrático por parte del fujimorismo, el Perú no debe renunciar a su derecho a expulsar a la perniciosa presencia que dicho movimiento representa en orden a la construcción de un país mejor, más justo y hermanado.

Es dable por tanto, compartir las consideraciones del porqué todo demócrata debe persistir en el combate de las nefastas prácticas que el fujimorismo ha traído y perfeccionado en el sistema político peruano.

1.- El fujimorismo consolidó en la política nacional la idea del avasallamiento de las minorías políticas, sociales y culturales. Institucionalizó la cultura del abuso como predilecta forma de actuación.

2.- El fujimorismo negó ciudadanía a los excluidos, y los instrumentalizó como clientela de una práctica de populismo a costa del hambre y necesidades.

3.- El fujimorismo implantó como nunca antes en el imaginario social el crecimiento económico como parte de un proyecto excluyente, negando la participación del pueblo en el disfrute de la riqueza generada. Dicha perspectiva es la que conduce directamente al fracaso de un proyecto de país y que continuada por los sucesivos gobiernos, tiene en el actual presidente la última posibilidad de revertir dicha nefasta tendencia dentro de la convivencia democrática.

4.- El fujimorismo capturó las principales instituciones en un ansia de poder que no correspondía a la idea de un país mejor, más digno, igualitario y equitativo, sino que era a fin de cuentas la satisfacción de los desalados apetitos, acompañados de una inmundicia moral sin parangón alguno en la historia peruana.

5.- El fujimorismo perpetró una vasta labor de contaminación y encanallamiento de la población peruana. Los principales espacios de cultura y de socialización fueron convertidos en herramientas de lumpenización y manipulación y cuyas secuelas aun persisten en la actualidad.

6.- Cierto es que las trapacerías y marrullerías no son creación del fujimorismo, pero nunca antes se ha dado en la historia del Perú el caso de una auténtica pandilla política aleccionada, instruida y dirigida con la explícita intención de sabotear el ejercicio del control y responsabilidad política e impedir la defensa de los derechos fundamentales.

7.- El fujimorismo constituye la máxima expresión del lumpen político, ávido del presupuesto nacional y de las prebendas y gollerías inherentes al poder, lumpen que carece de todo esfuerzo y empatía con la construcción de un ideario, una doctrina y un proyecto demócrata de control político, transparencia, división de poderes y respeto a los derechos fundamentales. Los elementos cardinales alrededor de los cuales se construye una Democracia y que configuran el Estado Democrático de Derecho, tiene en el fujimorismo a un enemigo natural e innato.

8.- El fujimorismo es persistente en el ataque y agresión a la vertiente ética que inspira el ejercicio del poder político. Su única meta, propuesta fin y destino lo constituye el limitado y marrullero objetivo de alcanzar la libertad del principal delincuente de la década infame a como dé lugar, cueste lo que cueste. En ello denota una intrínseca incapacidad para aceptar las consecuencias de lo que perpetraron mientras el Perú estuvo en sus manos. La institucionalidad democrática sólo es invocada para poder lesionarla de modo cínico y aleve.

9.- El fujimorismo enquistado en la cumbre de la política, se alió a la DBA y unido a ella sometieron juntos a la Democracia peruana, en una nefasta alianza del poder político y económico con el fin de saquear las arcas de un patrimonio que pertenece a la totalidad de la Nación peruana. Dicha nefasta alianza está siendo reeditada actualmente en los círculos financieros y en los principales medios de la prensa escrita y televisiva, para intentar sumir nuevamente al país en otra gigantesca maniobra de mentira y avasallamiento mediático, con el apoyo de los cómplices y secuaces enquistados en los medios de prensa y los círculos judiciales, financieros y académicos.

10.- El fujimorismo ha institucionalizado la recurrencia a la traición, la mentira, el cinismo y el abuso como los caminos por donde debe discurrir el ejercicio del poder político. Lejos de manifestar arrepentimiento por la debacle en que sumieron a las principales instituciones, alega con insolencia un inexistente derecho a desconocer límite y control alguno. La actuación del fujimorismo después de la caída de su líder y principal culpable de la década infame, refleja sin duda alguna que ni ha renunciado a ninguno de sus nefastos objetivos ni ha aprendido a vivir en Democracia.

LA DERECHA DEMÓCRATA Y LA DBA: APORTES PARA UN CONTRASTE

Víctor Manuel Castillo Sánchez

Temas	Derecha Demócrata	Derecha Bruta y Achorada (DBA)
Sistema de partidos.	Intenta construir partidos políticos.	No aspira a construir un partido, sino a infiltrarse en los ya existentes.
Institucionalidad democrática.	Aspira a representar orgánicamente sus intereses y respeta la discrepancia. Busca alcanzar sus fines dentro de la institucionalidad democrática y respeta el sistema de partidos.	Aspira únicamente a alcanzar sus objetivos a como dé lugar. Las formas democráticas son un obstáculo para ella.
Derechos Humanos.	Defiende y respeta los Derechos Humanos.	Ataca los Derechos humanos. Ven en ellos “una cojudez” (sic).
Rol frente a las protestas sociales.	Defiende el principio de autoridad apelando a salidas institucionales. La violencia constituye el último medio al cual apelar. Son pragmáticos, dialogantes y tolerantes.	Promueve el empleo de la violencia como forma prioritaria, asumiendo como necesarios los “costos sociales” de las medidas. Son radicales, violentistas e intolerantes.
Construcción de un proyecto nacional.	Participa y aporta en la construcción del proyecto nacional.	Niega la posibilidad de construir un proyecto nacional con quienes no comparten su brutalidad ni achoramiento.
Pluralismo y Tolerancia.	Tolera el pluralismo político e invita a figuras de otros sectores a formar alianzas electorales.	Ataca a quienes identifica como sus enemigos ideológicos. Ha hecho de sus intereses la “verdad única”.
Liberalismo.	Son auténticos liberales pues defienden las libertades económicas, las libertades políticas y los derechos humanos, elementos esenciales del pensamiento liberal.	Usufructúan el ideario liberal, pero atacan los derechos humanos, promueven y fomentan el autoritarismo político, justifican las dictaduras y reducen el repertorio liberal a su dimensión económica.
Rol del Estado.	Cuestiona al Estado, pero ello no le impide asumir posiciones del centro, que admiten la necesidad de cierta presencia del Estado.	Cuestiona y ataca al Estado pero siempre le toca las puertas en pos de la publicidad estatal. Asimismo, gusta que el Estado subsidie los bienes que importa y que le ayude en las crisis económicas con fondos públicos.
Estado de Derecho.	Defienden el Estado de Derecho y están en contra de toda salida a favor de la impunidad y corrupción.	No le interesa el Estado de Derecho, sino busca instrumentalizar las normas para alcanzar la impunidad de condenados por robo, corrupción y asesinato.
Posición frente a la corrupción y Derechos Humanos.	Defienden el respeto a los procesos, al Poder Judicial y a las sentencias emitidas.	Cuestiona los procesos, al Poder Judicial, a los jueces y las sentencias condenatorias de los principales culpables y cómplices de corrupción y violación de derechos humanos. Es la aliada y principal cómplice del fujimorismo.
Construcción y aporte a una cultura nacional.	Lleva candidatos que pertenecen a otro sector social, y político. Muestra apertura a la diversidad racial e ideológica de la nación peruana.	Es racista y discriminadora.
Cristianismo.	Defienden la incorporación del pensamiento cristiano e instituciones católicas como reflejo de nuestra historia y como respuesta a las necesidades del futuro.	Son ateos. Al igual que en el caso del liberalismo, su supuesto cristianismo no pasa de un fraseario hipócrita.
Posición frente a la Democracia.	Respetan la voluntad popular expresada en las urnas.	Son los senderistas de la derecha. Buscan sabotear la Democracia y limitar la vigencia de la voluntad social que se ha transformado en voluntad política.
Diversidad cultural y derechos colectivos.	Aceptan el pluralismo, la defensa del medio ambiente, los derechos colectivos y la democracia directa, pero ellos no constituyen un elemento central en sus propuestas.	Cuestiones como derechos de las minorías, la defensa del medio ambiente, los derechos colectivos y la democracia directa, les apestan y únicamente los esgrimen por conveniencia, jamás por convicción.
Libertad de prensa.	Respeta la libertad de prensa y destaca la necesidad de la discordancia, control y denuncia al poder del Estado y de los grupos de presión.	Promueve el sometimiento de los medios de prensa para promover sus intereses, ahogando la independencia y el rol cuestionador frente al Estado y a los conglomerados empresariales. Subordina la ética e independencia del periodismo a los intereses de los grupos de poder económicos y cumplimiento de los contratos publicitarios.