EL CASO FAVRE: LA RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE

Víctor Manuel Castillo Sánchez.

El periódico “Diario16” consigna hoy día Miércoles 30 de Noviembre del 2,011 en la página 5 (Sección Política) la siguiente noticia “Gobierno dice que sueldo de Favre lo paga el nacionalismo”.

Se citan las palabras del Premier Lerner:

“Favre (…) sigue siendo un asesor contratado por el partido Gana Perú. Tiene un contrato como lo tuvo en la campaña. No conozco el sueldo, pero se dedica a hacer el trabajo de asesoría, de marketing político en relación con la Presidencia. No es un funcionario…”

Los asalariados de izquierda pretenden que el caso de Favre no debe ser objeto de indagaciones, puesto que al no ser funcionario no puede ser objeto de control alguno.

Sin embargo, se olvida algo esencial: una democracia se caracteriza sobre todo, por las prácticas democráticas.

Feble argumento es sostener que si el asesor brasileño es pagado por fondos privados y no es parte de la Administración Pública, entonces no tendría que ser objeto de control alguno. Dicho argumento se cae por lo siguiente: según ha confesado Daniel Abuggatás, su salario es pagado por el partido nacionalista, que es una organización Política. Por tanto, en tanto partido gobernante debe dar ejemplos de transparencia si no, estaríamos frente a los intentos de evasión de los controles ya existentes. El partido de gobierno se convertiría en el caballo de Troya de todos aquellos aventureros que desean las ventajas de la proximidad con la cúspide del poder, evadiendo al mismo tiempo el legítimo interés de la ciudadanía por conocer la forma como se usufructúa el poder encomendado al primer mandatario.

La ciudadanía tiene el perfecto derecho a ser informada respecto a todos quienes se manejan y están integrados en los círculos del poder, así sean pagados o no con fondos públicos. El ejercicio del poder democrático no depende de si la autoridad o funcionario es remunerado o labora ad honorem, sino de la direccionalidad, ejercicio y resultados final de la actuación premunida de los recursos que el poder puede disponer para la realización de sus fines.

El mayor peligro para la democracia es la existencia de “lagunas” o espacios ajenos a la injerencia pública y al respectivo contralor y asunción de responsabilidad por las decisiones asumidas. Es la plena vocación de la Constitución política el establecer los mecanismos de control político y de la consiguiente responsabilidad que debe asumir quienes ostentan cargos públicos. Así, es intolerable desde la Constitución, desde la Democracia y desde la confianza ciudadana el que exista un personaje que moviéndose en los círculos del poder participe en la cadena de decisiones políticas y pretenda al mismo tiempo que sus actividades queden fuera del escrutinio público y de los controles existentes. Ello no es propio de la democracia sino de las monarquías y autocracias.

Si el electorado votó por Humala, no ha sido para que tras la figura del presidente se genere un espacio fuera de control a las indagaciones que legítimamente debe efectuar la prensa. Necesitamos que la prensa de todas las vertientes ideológicas –derecha, izquierda, blanca, roja- efectúe los máximos esfuerzos para develar la existencia o no de exitosos y afortunados émulos de Rómulo León Alegría, esto es, personajes “con llegada” a los círculos de poder y Ministerios para hacer negociados.

El pueblo tiene el derecho de saber si Favre tiene o no la calidad de funcionario público o es simplemente un favorito, y si se trata del segundo caso, pues la Constitución demanda que el poder democrático no sea subordinado a los intereses foráneos o particulares. El presidente de la República no tiene el derecho de formar su “Corte” de favoritos y paniaguados que hagan uso del poder encomendado para desvirtuar los fines y metas propios e inherentes a la Democracia en provecho propio y de sus clientes. ¿O es que el presidente Humala cree que el poder que le ha sido encargado por el pueblo peruano es para que coloque como Vicepresidente a un lobbysta de intereses privados nacionales y  como cobijado predilecto a un lobbysta de intereses privados extranjeros? ¿El agradecimiento personal por ganar las elecciones hacia un publicista puede superar el compromiso del Presidente de la República hacia los electores? ¿El agradecimiento hacia el abogado del caso Madre mía puede también superar el juramento de respetar la Constitución y la promesa asumida frente a la Nación peruana de luchar contra la corrupción?

No olvidemos que durante la década infame Vladimiro Montesinos formalmente no tenía el cargo que materialmente sí ejercía: era el verdadero jefe de Inteligencia. El almirante Rozas era simplemente un fantoche, un pelele en manos del siniestro personaje. Pues bien: un sujeto con poder para determinar quiénes deben estar cerca y quiénes deben ser alejados del entorno presidencial, indefectiblemente está ejerciendo un rol que materialmente ostenta poder, y es voluntad de la Constitución que ningún poder pueda ser ejercido sin control alguno.

¿O es que la Constitución es papel mojado cuando se trata de los favoritos y amigos?

Es de primera exigencia que en el Código de Ética de la Administración Pública se implanten las siguientes disposiciones:

“Toda persona natural o jurídica que realice labores de asesoría a los integrantes del Poder Ejecutivo, debe como requisito previo al cumplimiento o realización del contrato, presentar los documentos respectivos ante las autoridades correspondientes”

“Todos aquellos que ejerzan labores de asesoría en los ámbitos jurídicos, de marketing o de política para el Estado peruano no pueden ser pagados por empresas o gobiernos extranjeros ni por personas jurídicas de Derecho privado. La infracción a esta norma constituye delito contra la voluntad popular”.

“El Poder Ejecutivo tiene el deber de consignar los contratos de la totalidad del personal que labora en el entorno del Presidente de la República, formen o no parte del personal del Consejo de Ministros o de la Casa de Gobierno”

Cuando alguien ostenta la máxima magistratura y tiene el máximo puesto del poder político en una sociedad, el interés privado no puede ser enmascarado por el poder público y a su vez el poder público no puede ser subordinado por las relaciones jurídicas privadas, porque por su naturaleza esencial, es el ámbito de lo público lo que debe ser traslúcido, transparente, para poder ser así cuestionado y controlado.